El feudo de Prados del Este: 25 años de poder y opacidad
"Nunca sabemos a dónde va ese dinero", afirma un comerciante afectado, reflejando la frustración colectiva
País.- En el corazón de la próspera urbanización Prados del Este, en el municipio Baruta de Caracas, se gesta un drama de poder y desconfianza que lleva un cuarto de siglo cociéndose a fuego lento. Vecinos, comerciantes y emprendedores denuncian una presunta red de corrupción y abuso de autoridad tejida en torno a la Asociación de Vecinos de Prados del Este (ASOPRAES), una organización cuyo liderazgo se ha atornillado por más de 25 años sin elecciones transparentes ni verificables.
La figura central de esta controversia es Kiomara Scovino, señalada por la comunidad como la mente detrás de un presunto esquema que abarca desde cobros irregulares en la popular redoma (convertida en un cuestionado "Mercado de Corotos") hasta el acoso a quienes intentan desafiar su control. La alarma vecinal ha escalado con denuncias formales ante la Sindicatura Municipal de Baruta y el Ministerio Público, que detallan pagos arbitrarios, la aplicación de tasas cambiarias ambiguas y el total desconocimiento sobre el destino de los fondos recaudados.
"Nunca sabemos a dónde va ese dinero", afirma un comerciante afectado, reflejando la frustración colectiva. La situación ha llegado a tal punto que la comunidad ha decidido tomar cartas en el asunto, impulsando la creación de un Consejo Comunal para establecer un nuevo equilibrio de poder en la gestión vecinal, en un intento desesperado por recuperar la gobernanza y la transparencia en su propio sector.
Las acusaciones contra ASOPRAES, y específicamente contra su directiva liderada por Kiomara Scovino, se materializan en un entramado de cobros y prácticas que, según los proveedores del Mercado Municipal de Prados del Este, rayan en la ilegalidad. Documentos a los que este medio tuvo acceso, remitidos por la Sindicatura Municipal de Baruta al Ministerio Público el pasado 09 de abril de 2025, detallan un patrón sistemático de irregularidades financieras.
Entre las denuncias más recurrentes, los comerciantes señalan la exigencia de un "pago diario" por parte de ASOPRAES, un canon que deben abonar "independientemente de si asisten o no al mercado". A esto se suma una controvertida política de cambio monetario: mientras ASOPRAES cobra a los proveedores utilizando la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) "no al momento del pago", sino cuando se verifica el mismo esto conlleva a una incertidumbre sobre el monto final, abriendo la puerta a posibles manipulaciones.
La situación se agrava con la exigencia de un depósito inicial de "SESENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD $60)" a los nuevos proveedores, una barrera económica sin justificación clara. Pero la queja más contundente es la "variabilidad en los montos de cobro", con proveedores, reportando que se les exigen cantidades dispares que oscilan entre USD $10, USD $20 y hasta USD $80, sin un esquema que permita saber con claridad el fundamento de esas variables en las tarifas, lo cual hace presumir la falta de transparencia tras esos cobros.
El punto medular de todas estas denuncias, lo resume la queja más sentida de los afectados: El "desconocimiento del destino del dinero". Los proveedores claman que no se les proporciona información alguna sobre cómo se utilizan los fondos recaudados. “Manifiestan que no se invierten, lo que genera desconfianza y malestar entre los comerciantes", subraya el oficio de la Sindicatura Municipal. Esta opacidad contrasta drásticamente con la normativa municipal, que establece claramente que la responsabilidad de otorgar permisos y cobrar tasas por actividades comerciales en mercados a cielo abierto recae exclusivamente en la Alcaldía de Baruta, específicamente a través del Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT). La tasa legal es equivalente a "quince (15) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor" del BCV, y debe ser cancelada directamente al SEMAT, no a una asociación vecinal. Esta discrepancia sugiere que ASOPRAES podría estar subrogándose funciones y cobrando por servicios que no le competen legalmente, desviando ingresos que deberían ir a las arcas municipales, todo lo cual constituye un delito por corrupción.
Pero la presunta injerencia de ASOPRAES va más allá del control financiero del mercado. Las denuncias de los vecinos apuntan también a un patrón de acoso y amedrentamiento contra comerciantes legales y nuevos emprendimientos, este presunto acoso no solo afecta a los vendedores de la redoma, sino que, de forma aún más alarmante, se extiende a la interferencia en proyectos de desarrollo en terrenos privados. Un vecino, que prefiere mantener su anonimato por temor a represalias, denunció que ASOPRAES, bajo el liderazgo de Scovino, negó la construcción de un Farmatodo en su propiedad privada dentro de la urbanización, a pesar de contar con los permisos correspondientes.
Un comerciante afectado, con décadas de trayectoria en la zona y cuyo nombre se mantiene en reserva para evitar retaliaciones, califica la situación de "lamentable". "Es una pena que en lugar de brindar apoyo y coordinación a las iniciativas privadas/comerciales, ASOPRAES se dedique a la descalificación", expresa. Confirma que la asociación les ha puesto "trabas a quemarropa, sin conocer la naturaleza del comercio, sin valorar la historia de la zona y sus raíces comerciales". Argumenta que la "calle El Comercio", ha albergado por décadas a emprendedores serios y que la urbanización necesita estos servicios para comodidad y seguridad de los vecinos, evitando traslados a zonas como Las Mercedes.
Confirmando las sospechas sobre la negación de otros proyectos, el comerciante asegura tener conocimiento de "intereses de cadenas serias de Farmacias que quieren venir a servir al vecino de Prados del Este, pero no se animan por la toxicidad emanada de ASOPRAES".
Estas percepciones son compartidas por otros residentes, como la vecina Ana María Rodríguez. Ella corrobora que dicha asociación con su junta directiva ha frenado activamente actividades económicas legales, citando como ejemplo la "fuerte oposición que hicieron cuando el restaurante Mía y la licorería fueron abiertas".
Para la Sra. Rodríguez, esta actitud resulta incomprensible, pues "estos terrenos siempre han sido comerciales" y los establecimientos cuentan con todos sus permisos al día y contribuyen con tributos al SEMAT. La vecina enfatiza un punto crucial: "No es ASOPRAES como institución que coloca alcabalas a los emprendedores y comerciantes serios que quieren invertir en Prados, es la señora Kiomara que usa el nombre de la asociación para poner trabas y esa es su política personal".
Esta distinción subraya la preocupación sobre un ejercicio individual de poder disfrazado de gestión comunitaria. Finalmente, Ana María Rodríguez resalta una necesidad insatisfecha en la urbanización: "Hacen falta espacios culturales y de comercio para la comunidad", lo que contrasta con la aparente postura restrictiva de la asociación. Rodríguez amplía su testimonio, explicando que Scovino "pretende poner en un mismo saco a vecinos que no están de acuerdo con sus prácticas" y ha desacreditado personalmente a comerciantes de negocios como PradoLicor, el restaurante Mía, la panadería Yaya, y al propio dueño del terreno donde se proyectaba el Farmatodo.
Un tercer vecino, quien también prefiere mantenerse en el anonimato, profundiza en la raíz del problema: "La directiva de ASOPRAES sigue con intenciones de eternizarse". Este residente acusa a la actual junta directiva de "bombardear la iniciativa de los vecinos para mantener la urbanización en el oscurantismo", sugiriendo que su gestión ha tenido "fines políticos" más que un beneficio genuino para la comunidad. Ratifica la constante imposición de obstáculos al emprendimiento en Prados del Este, reservándose las razones de esta política.
Respecto a la iniciativa del Consejo Comunal, este vecino, a pesar de no ser un creyente en el sistema de comunas, reconoce su necesidad. "Es algo que los vecinos tenían que hacer, tenían que crearlo ya que tiene un rango constitucional", afirma, destacando que es la mejor vía para que los propios vecinos tomen las riendas. La prolongada permanencia de la directiva de ASOPRAES sin un aparente beneficio personal levanta sospechas: "Si la junta directiva tiene 25 años en el poder y es un trabajo ad honorem”, ¿por qué la señora Scovino insiste en seguir en el cargo?, se pregunta el vecino. Finalmente, revela un patrón de poca claridad financiera persistente: lleva tres años pidiendo los soportes de gastos legales y lo que siempre le dicen es que se dirija a ASOPRAES. Para él, es "totalmente falso que tienen los soportes", insinuando que la falta de publicación es una decisión deliberada y "deja mucho que desear".
Este control férreo sobre el ámbito comercial y urbanístico parece sustentarse en una base democrática precaria. A pesar de la existencia de estatutos que, en teoría, deberían regir la elección de la junta directiva, los vecinos alegan que la continuidad del liderazgo de Scovino se ha garantizado mediante la manipulación de los procesos electorales. Se ha denunciado la implementación de una "norma" interna que permitiría la suspensión de las elecciones si no se alcanza un porcentaje mínimo de quórum. Sin embargo, estas convocatorias, carecen de la publicidad necesaria, lo que genera que gran parte de la comunidad ni siquiera se entere de las fechas o requisitos para participar. Esta falta de transparencia y participación ha perpetuado un liderazgo inamovible, que ahora se ve directamente confrontado por una comunidad que busca nuevas vías para su representación y bienestar.
La persistencia de las denuncias, los testimonios de comerciantes y vecinos, y los documentos formales presentados ante las autoridades, dibujan un panorama preocupante en Prados del Este. Lo que debería ser una asociación vecinal dedicada al bienestar de la comunidad, ASOPRAES, bajo un liderazgo cuestionado por su prolongada e ininterrumpida gestión, parece haberse convertido en una permanente obstrucción al desarrollo de la urbanización y una fuente de conflicto para sus propios representados.
Las prácticas denunciadas en el "Mercado Municipal" de la redoma (desde cobros arbitrarios y la falta de transparencia en la rendición de cuentas, hasta la presunta arrogación de funciones que le corresponden a la Alcaldía de Baruta) han sembrado una profunda desconfianza. Los relatos de acoso a comerciantes que operan legalmente y la frustrada inversión en proyectos esenciales como un Farmatodo, por la supuesta "política personal" de la directiva, evidencian un control que excede las atribuciones de una asociación vecinal y que, lejos de beneficiar, perjudica directamente la calidad de vida y el desarrollo de la urbanización.
Frente a este escenario de estancamiento y descontento, la comunidad de Prados del Este ha comenzado a forjar su propio camino. La iniciativa de establecer un Consejo Comunal representa un acto de resistencia y empoderamiento.
Los vecinos, cansados de lo que describen como un "bombardeo de iniciativas" para mantener la urbanización en el "oscurantismo" por parte de un liderazgo con "fines políticos" más que comunitarios, buscan ahora tomar directamente las riendas de su destino. El reto es grande: lograr que esta nueva instancia de organización ciudadana se consolide, gane el reconocimiento y el apoyo necesario, y logre generar ese "equilibrio de poder" que permita a Prados del Este avanzar hacia un modelo de gestión verdaderamente participativo, transparente y enfocado en el bienestar de todos sus habitantes. La pelota está ahora en el tejado de las autoridades municipales y del Ministerio Público para que las denuncias sean investigadas a fondo, se determinen las responsabilidades y se garantice que el espíritu vecinal prevalezca sobre cualquier interés particular.
