Gil aseguró que a pesar de estas medidas, Venezuela no se va a doblegar, sino que, por el contrario, ha salido adelante y su economía está en crecimiento.
Las medidas de este tipo “impiden o interrumpen, entre otras cosas, el acceso a los servicios de atención sanitaria, el acceso y la adquisición de medicamentos, de suministros médicos, de equipos y servicios, así como el desarrollo, la compra y el suministro de vacunas”, dijo el funcionario.
Recalcó que estas acciones impulsadas desde países que se dicen defensores de los derechos humanos, “obstaculizan la cooperación internacional y limitan la capacidad de los Estados afectados para acceder y adquirir inversiones y tecnologías extranjeras”.
De igual forma, manifestó que esta agresión limita la adquisición por parte de los pueblos de los "bienes y servicios necesarios para abordar, entre otros, los problemas en materia de gestión y acción climática".
En el caso de Venezuela, el canciller remarcó que son más de mil sanciones impuestas a Venezuela no solo por parte de EE.UU., sino por "los países satélites de Europa. Estas medidas han generado dolor y sufrimiento a más de 30 millones de venezolanos, además de pérdidas económicas que, hasta el año 2022, superan los 642 mil millones de dólares", denunció.
"El objetivo de todas estas acciones, al margen de la ley, es imponer a la fuerza un cambio de gobierno en Venezuela. Pero afortunadamente ha fracasado y seguirá fracasando", enfatizó.
Sin embargo, aseguró que "a pesar de los constantes ataques, asedios, la guerra jurídica y económica que hemos enfrentado, Venezuela se posiciona como uno de los países con una economía en resurgimiento en Latinoamérica. Este avance es resultado directo de las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro2.
Remarcó que, "con esfuerzo propio, Venezuela ha resistido y superado las peores etapas del cerco económico y comercial promovido por las sanciones. La política consistente de Venezuela está enfocada en proteger la inversión social".
Hizo un llamado a la comunidad internacional a "no respaldar la implementación de medidas coercitivas unilaterales contra los países soberanos".
“Nuestro llamado es a que se abstengan de reconocer, aplicar, prestar ayuda o asistencia, o de realizar cualquier otro tipo de acto que pueda facilitar la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales”, dijo.
Aprovechó para denunciar que los nuevos aranceles promovidos a nivel internacional, especialmente por Estados Unidos, "no responden a fines comerciales legítimos, sino que constituyen herramientas de presión política".
"En la actualidad, más de 30 naciones al rededor del mundo que pertenecen a esta organización son objeto de medidas coercitivas unilaterales que afectan a la vida cotidianidad de más de un tercio de la humanidad", manifestó.
