Esta medida, considerada unilateral y sin fundamento verificable, es interpretada como una acción de carácter político destinada a socavar la soberanía cubana y aplicar nuevas formas de presión diplomática y económica contra la isla.
El canciller Yván Gil, denunció que esta clasificación responde a intereses ajenos a la seguridad internacional y busca castigar a una nación que ha mantenido una postura firme y digna frente a décadas de bloqueo y hostigamiento. En el texto oficial, se señala que Cuba ha sido víctima directa de agresiones sistemáticas, mientras que su Gobierno ha sostenido un compromiso inquebrantable con la paz y la cooperación mundial.
El documento destaca que resulta inadmisible que un país con antecedentes de intervenciones militares, operaciones encubiertas y apoyo a individuos vinculados con el terrorismo internacional pretenda dictaminar qué naciones cooperan o no en la lucha contra este flagelo. En tal sentido, el Gobierno enfatiza que, lejos de ser un argumento legítimo, esta maniobra busca desacreditar a quienes han demostrado una trayectoria de solidaridad y respeto al derecho internacional.
Finalmente, el Gobierno Nacional reafirmó su respaldo absoluto a Cuba y a su pueblo, al condenar cualquier intento de manipulación política que pretenda socavar su soberanía.
