En el pronunciamiento fechado este 30 de abril, expresó Saab: "Los expertos denuncian que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 habría sido aplicada incorrectamente, violando el debido proceso y el derecho internacional y señalan que muchas personas, incluso sin vínculos con pandillas, fueron deportadas arbitrariamente, exponiéndolas a riesgos graves en El Salvador, como torturas, condiciones carcelarias inhumanas y desapariciones forzadas".
En especial, los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde ha habido denuncias de muertes, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas. Y destacan que las condiciones carcelarias serían presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales, con las personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como colchones, y sin atención médica adecuada.
El Fiscal General Tarek William Saab, también destacó que: “Los expertos critican la designación abusiva de pandillas como “terroristas” para justificar el uso de la ley, ya que estas no constituyen una “invasión” según los requisitos legales".
También expresan preocupación por la opacidad en las detenciones en El Salvador, la falta de acceso a recursos legales y la negativa de ambos países a repatriar a deportados ilegalmente.
Señalaron que las deportaciones y las consecuentes detenciones en régimen de incomunicación parecerían implicar desapariciones forzadas, en contravención con el derecho internacional.
En este sentido, exigen el cese inmediato de las deportaciones hasta que se respeten las garantías legales internacionales y que se garantice acceso a monitoreo independiente en las cárceles.
Finalmente, el Fiscal General Saab destacó que el documento lo suscriben 18 expertos, miembros de comités y relatores en temas de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; desapariciones forzadas o involuntarias; discriminación contra las mujeres y las niñas; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; trata de personas, especialmente mujeres y niños; promoción de un orden internacional democrático y equitativo; derechos humanos y solidaridad internacional; independencia de los magistrados y abogados; y derechos humanos de los migrantes.
