Jorge Rodríguez, presidente del parlamento ha señalado que en el texto se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su carácter orgánico, según lo establece el artículo 203 de la Constitución Bolivariana.

Tras un debate en la plenaria los parlamentarios decidieron extender a 23 artículos y dos disposiciones finales el proyecto que en su inició contaba con 18, e incluyeron acciones y garantías para castigar aquellos entes y personas, nacionales o que estén en el extranjeros, que permitan y faciliten groseras injerencias en la soberanía venezolana.

La "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, contiene en ella una inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos delitos, lo hará que aquellas personas sancionadas no podrán por optar a cargos públicos o de elección popular. 

La ley ordena diversas penas de 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para aquellos que promuevan o estén implicadas de ciertas formas en las sanciones impuestas al país por el extranjero. 

Tampoco podrán contribuir en contiendas electorales quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, sus instituciones o autoridades. Para ellos se consideran penas idénticas de hasta 30 años.

En la mencionada ley se contempla la confiscación de los bienes a quienes han pedido invasiones de otros países y medidas restrictivas unilaterales contra la nación.

“Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela”.

Este nuevo marco legal también define como "acciones que ponen en riesgo la soberanía" el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que "simulen" representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos gobiernos.