AN condena renovación de medidas coercitivas de la UE contra Venezuela
La plenaria aprobó un acuerdo como una expresión contra las infames medidas extorsionistas y coercitivas de la UE
País.- El Poder Legislativo Nacional condenó la renovación de las ilegales e ilegítimas sanciones coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, por parte de la Unión Europea (UE).
En tal sentido, la Plenaria Parlamentaria aprobó un acuerdo que presentó el diputado Saúl Ortega (PSUV/Carabobo), quien destacó que la decisión acordada por la UE, el 13 de mayo, está dirigida por una derecha decadente que no tiene nada que ofrecer al pueblo europeo.
"Critican el modelo de democracia participativa que los venezolanos estamos impulsando y contraponen un modelo monárquico y decadente, muy cercano a las tendencias fascistas que fueron derrotadas en la II Guerra Mundial", recalcó el parlamentario, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración.
Agregó que, si Estados Unidos necesitaba un patio trasero, ya lo consiguió y es Europa, debido a un liderazgo que se subordina a los intereses imperiales, imponiendo más de 630 sanciones contra el pueblo venezolano, cuyo objetivo es afectar el estado de bienestar conquistado por la Revolución Bolivariana.
La plenaria aprobó el acuerdo, con el voto salvado del partido Avanzada Progresista, como una expresión contra las infames medidas extorsionistas y coercitivas de la UE, entre las que se encuentran las restricciones de viajes contra altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco del desarrollo de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.
El acuerdo establece que, en la UE, persisten prácticas abusivas por mandato del gobierno de los Estados Unidos de América, sin aplicar ninguna corrección en su errado intervencionismo contra Venezuela, obviando el rechazo internacional a la aplicación de estas medidas extorsivas que lesionan los Derechos Humanos de los pueblos y la soberanía de las naciones.
Las medidas, además, constituyen una muestra de arrogancia neocolonial, ilegal y hostil, contraria al establecimiento de un programa de cooperación política, social y económica entre los bloques regionales europeos y el Estado venezolano, puntualiza el documento.
