En una entrevista en VTV, Alemán explicó que este acompañamiento parlamentario aplica para todas las etapas del ciclo comunal, lo que permite certificar que los recursos públicos se traduzcan efectivamente en soluciones tangibles para las comunidades organizadas.
Precisó que el acompañamiento parlamentario no se limita a la redacción y aprobación de leyes en el Palacio Federal Legislativo, sino que implica un despliegue directo de los diputados en el territorio.
Detalló que a través de la Ley de Controlaría Social el Poder Legislativo se convierte en un garante institucional que asesora, guía y dota de herramientas jurídicas a los ciudadanos para supervisar el uso de los fondos públicos.
Los parlamentarios, dijo Alemán, tienen la tarea de vigilar que los canales financieros del Estado funcionen con fluidez hacia las bases y que se cumplan las normativas de transparencia.
Aseveró que el respaldo técnico y legal busca blindar la gestión de los 5.633 circuitos comunales del país, para que el pueblo cuente con el aval del Parlamento durante la ejecución presupuestaria de sus proyectos, evitando desviaciones burocráticas.
Afianzar soberanía del pueblo
Juan Carlos Alemán destacó que el propósito del proceso en la Consulta Popular 2026, es profundizar un nuevo modo de gobernanza directa que consolide la soberanía del pueblo en el territorio.
Explicó que la actividad servirá para que la propia comunidad, reunida en asambleas ciudadanas, identifique y vote de manera directa por las soluciones a sus problemáticas más urgentes como: servicios de agua potable, vialidad, caminerías o la impermeabilización de techos ante el periodo de lluvias.
Insistió en que la consulta impulsa el ejercicio de la democracia directa, donde el habitante del sector no sufraga por una tarjeta política, un candidato o un plan partidista, sino por la resolución inmediata de las necesidades de su entorno.
Rendición pública
El asambleísta explicó que el esquema legal comprende cinco fases: la designación del proyecto en asamblea, la elección popular junto al Concejo Nacional Electoral (CNE), la transferencia de recursos a las comunas, la ejecución local y la rendición pública de cuentas.
Recordó que por tratarse de recursos públicos del Estado venezolano, todos los proyectos están sujetos a una rigurosa fiscalización y auditoría social, donde la idea es demostrar la eficiencia del Poder Popular organizado que actualmente agrupa a más de 40.000 consejos comunales.
