Según la mandataria, la entidad requiere habitualmente 680 megavatios, pero el consumo actual escala a los 850 megavatios
Aragua.- Habitantes de los municipios Girardot, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara y San Sebastián de los Reyes en el estado Aragua, manifestaron su descontento ante el racionamiento eléctrico que afecta actualmente a la entidad y al resto del territorio nacional. Los ciudadanos califican el suministro de energía como un servicio básico esencial y un derecho humano fundamental para la preservación de la salud, la refrigeración de alimentos y la comunicación.
A las protestas vecinales se ha sumado la exigencia de las cámaras industriales y de comercio regionales. Los sectores productivos solicitaron formalmente la publicación de un cronograma del Plan de Administración de Carga con el fin de organizar los horarios laborales, garantizar la calidad de la producción y mantener un clima organizacional estable para los trabajadores ante las constantes interrupciones.
En ese sentido, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, abordó la situación y explicó que el sistema eléctrico enfrenta una sobredemanda. Según la mandataria, la entidad requiere habitualmente 680 megavatios, pero el consumo actual escala a los 850 megavatios. Señaló que está brecha obliga a la administración de los 159 circuitos del estado, en ocasiones con cortes dobles en una misma línea de tiempo de casi cinco horas.
Respecto a las manifestaciones de calle, la funcionaria advirtió sobre las limitaciones legales de la protesta, "la Constitución dice: Derecho a expresar públicamente sin más limitaciones que las que establezca la ley. ¿Qué establece la ley? Que tienes que trancar una vía? y el derecho a la movilidad y al libre tránsito?, qué establece la ley: incitar al odio? Nosotros respetamos y la gente puede expresarse, pero trancar vía, generar odio, incitación, ¡vamos a buscar en la casa a tal cual!, eso realmente no se vamos a permitir".
La mandataria descartó la entrega de un calendario fijo de cortes, pues aseguró que "la administración de carga es día a día". Atribuyó la crisis a factores climáticos y a las restricciones económicas internacionales, aunque señaló que existen avances en las relaciones bilaterales con Estados Unidos para realizar inversiones en el sector. "Tengo la plena certeza que el presidente hace los esfuerzos necesarios en el marco de la cooperación para nosotros avanzar y superar este nuevo momento", afirmó.
El contexto legal de estas declaraciones coincide con la vigencia de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la sentencia 067, ratificó que el delito de "incitación al odio" es imprescriptible según el artículo 25 de dicha norma, lo cual permite el procesamiento de estos casos sin límite de tiempo, a pesar de los debates en la Asamblea Nacional sobre una posible reforma de la ley hacia la reconciliación política.
