Hinterlaces: La narrativa de Trump y el desafío a la soberanía venezolana
Se trata de un acto discursivo y geopolítico que busca redefinir quién tiene derecho a producir, exportar y disponer del petróleo venezolano
Opinión.- Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando un “bloqueo total y completo” contra buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, marcan un salto cualitativo en la escalada de presión contra el país. Más allá de su alcance operativo inmediato, el anuncio revela una narrativa de poder que combina coerción militar, criminalización del Estado venezolano y una reivindicación abierta sobre recursos que no le pertenecen a Estados Unidos.
El episodio no puede analizarse únicamente como una medida técnica de sanciones. Se trata de un acto discursivo y geopolítico que busca redefinir quién tiene derecho a producir, exportar y disponer del petróleo venezolano.
Retórica de dominación y excepcionalismo
El mensaje difundido por Trump en su red social Truth Social no adopta el tono de un comunicado jurídico ni diplomático. Por el contrario, utiliza un lenguaje hiperbólico y confrontacional:
- Afirma que Venezuela está “rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”.
- Amenaza con una escalada indefinida del despliegue militar.
- Exige que Venezuela “devuelva” a Estados Unidos su petróleo, su tierra y otros activos
Este tipo de formulación no busca describir con precisión una política pública, sino producir intimidación. La exageración militar cumple una función simbólica: proyectar una relación de fuerza absoluta y presentar a Estados Unidos como árbitro soberano sobre el destino de otro Estado.
La exigencia de “devolución” es especialmente reveladora. No remite a una disputa contractual ni a un litigio internacional, sino a una pretensión de propiedad sobre recursos naturales de un país soberano. Es un lenguaje que se asemeja más al de una potencia ocupante que al de un actor del sistema internacional regido por normas.
Criminalización total del Estado venezolano
El discurso presidencial estadounidense fusiona de manera deliberada categorías distintas:
- Gobierno, terrorismo y crimen organizado
- Producción petrolera y narcotráfico
- Migración y criminalidad exportada
Esta amalgama no es casual. Al presentar al Estado venezolano como una “organización terrorista extranjera”, se elimina la distinción entre conflicto político, sanción económica y acción militar. El objetivo es deslegitimar por completo al sujeto estatal, reduciéndolo a una entidad criminal con la que no caben reglas ni negociación.
Históricamente, este tipo de narrativa ha precedido intervenciones directas o indirectas en otros países. La criminalización absoluta cumple una función estratégica: normalizar medidas extremas —bloqueos, incautaciones, uso de la fuerza— sin necesidad de consenso multilateral.
¿Bloqueo naval o cerco selectivo?
Desde el punto de vista jurídico, lo anunciado no constituye un bloqueo naval clásico. No existe una declaración formal de guerra ni una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice una interdicción general del tráfico marítimo venezolano.
Sin embargo, en la práctica, el anuncio sí configura un cerco petrolero coercitivo:
- Se dirige contra tanqueros y empresas sancionadas.
- Está respaldado por un despliegue naval real y sostenido en el Caribe.
- Genera un efecto disuasorio que va más allá de los actores directamente sancionados, afectando aseguradoras, navieras y compradores.
La diferencia entre retórica y realidad operativa no reduce su impacto. Aunque jurídicamente sea selectivo, materialmente puede funcionar como un bloqueo ampliado, con consecuencias económicas y políticas significativas.
El núcleo del conflicto: soberanía sobre el petróleo
El punto más problemático del discurso de Trump no es el bloqueo en sí, sino la premisa que lo justifica: la idea de que Venezuela debe “devolver” petróleo y tierras a Estados Unidos.
Esta afirmación carece de sustento histórico y legal.
La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976. Desde entonces, el Estado venezolano ejerce control soberano sobre la exploración, producción y comercialización del crudo. Incluso antes de esa fecha, la legislación venezolana establecía que las concesiones otorgadas a empresas extranjeras no conferían propiedad sobre los yacimientos, que siempre pertenecieron a la Nación.
La Constitución vigente refuerza este principio al declarar que los hidrocarburos son bienes del dominio público, inalienables e inembargables. Las asociaciones con empresas privadas o extranjeras no alteran esta condición: el petróleo sigue siendo propiedad de la República.
En el plano internacional, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales —consagrado por la Asamblea General de la ONU— reconoce el derecho inalienable de los pueblos a disponer de sus riquezas sin coerción externa. La imposición de presiones económicas o militares para forzar ese control ha sido históricamente asociada a prácticas coloniales y neocoloniales.
La “devolución” como lógica neocolonial
Las empresas estadounidenses afectadas por la nacionalización petrolera fueron indemnizadas conforme a la ley venezolana de la época. No existe hoy ningún tratado que reconozca a Estados Unidos derechos de propiedad sobre yacimientos venezolanos.
Plantear la “devolución” de petróleo y tierras implica desconocer:
- La nacionalización soberana de 1976
- El orden constitucional venezolano
- Los principios básicos del derecho internacional contemporáneo
Más que una reclamación legal, se trata de una reivindicación de dominio, que revive una lógica según la cual las potencias pueden reclamar recursos de otros Estados en función de su poder militar o económico.
Un precedente peligroso
La combinación de bloqueo petrolero, designación como entidad terrorista y despliegue naval establece un precedente inquietante. Si un Estado puede ser despojado de su soberanía económica mediante sanciones respaldadas por fuerza militar, el principio de igualdad soberana queda vaciado de contenido.
En ese sentido, el caso venezolano trasciende sus fronteras. Afecta directamente a la arquitectura del orden internacional y a la seguridad jurídica de los países productores de recursos estratégicos.
En conclusión, lo anunciado por Trump no es simplemente una nueva fase de sanciones. Es la explicitación de una doctrina según la cual una potencia se arroga el derecho de decidir quién puede explotar, comerciar y vivir de sus propios recursos naturales.
Cuando un país exige que otro “devuelva” su petróleo, no estamos ante una disputa comercial ni ante una medida técnica de seguridad. Estamos ante la negación abierta de la soberanía nacional y el retorno de un lenguaje de dominación que el derecho internacional intentó dejar atrás hace décadas.
