Una comunidad, tras una interrupción del servicio eléctrico, se le dañó la bomba del pozo de agua que la surte. Pues bien, los vecinos se llaman unos a otros para solicitar a la respectiva alcaldía se resuelva el problema. Uno o varios vecinos, tras visitar la oficina competente del gobierno local, informa a la comunidad que la falla debe reportarla el Concejo Comunal con una carta con el sello de esa organización, los vecinos desesperados buscan a ver si aun hay algún vecino que tenga el fulano sello para hacer la carta porque los miembros del Concejo Comunal se mudaron y algunos hasta se fueron del país. Se presenta la carta con el sello y el funcionario encargado indica que, ahora además, se necesita que se recolecten firmas para solicitar al alcalde que se repare la bomba. Ese trajín sigue porque, después de reunir 200 firmas de los vecinos sin agua, la administración municipal informa que no hay presupuesto.

Muchos ciudadanos del municipio Libertador (y quizá también del resto) se sienten identificados con esa historia. Y pues, es que el estancamiento burocrático no es cuento, al contrario, es una realidad que sufren los ciudadanos a diario. El problema tiene distintas aristas, en principio debemos notar que hay un vacío procedimental cuando no se tiene unos pasos reglamentados y uniformes para atender cualquier solicitud vecinal. Por otro lado, es claro que si existe un Instituto Municipal de Agua y una Dirección de Servicios Públicos debe también existir un equipo de inspectores que monitoreen el funcionamiento de los sistemas de bombeo en toda la jurisdicción y puedan detectar, en tiempo real, cualquier avería sin necesidad de enterarse por una carta con 200 firmas.

Otro tema es la tendencia a forzar de forma absurda que toda queja, solicitud o reclamo ciudadano deba pasar por una carta sellada por el Concejo Comunal, toda vez que muchas de esas instancias están vencidas, muchos de sus miembros cambiaron de domicilio o simplemente no ejercen sus funciones. Si un grupo de ciudadanos directamente afectados recurren a las autoridades competentes se les debe atender sin mayores trámites sin importar si son o no miembros del Concejo Comunal, la UBCH o el PSUV, máxime si se trata de la continuidad de un servicio público tan importante como el agua (de hecho, el acceso al agua es un derecho humano internacionalmente reconocido).

Es cierto que Oscar Orsini no es culpable de las taras administrativas heredadas de las mal recordadas gestiones de Argenis Loreto, Carmen Álvarez y Juan Perozo (todos ellos miembros del PSUV) pero él si es responsable si permite que continúen las prácticas burocráticas ineficientes y absurdas que hacen a los ciudadanos dar mil vueltas antes de resolver cualquier problema. Las tareas son obvias: 1) deben establecerse normas claras para tramitar solicitudes ante la alcaldía, 2) reconocer que cualquier grupo de ciudadanos, sean o no miembros del Concejo Comunal, tienen derecho a ser atendidos y, por los clavos de cristo, 3) ¡arreglen la fulana bomba de agua que la gente pasa muchas dificultades sin el vital líquido!

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica