Este proceso democrático llega a su cima cuando en el período de Medina se terminan de legalizar los partidos Acción Democrática en julio de 1944 (AD) y más tarde el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

El Congreso en mayo de 1944 había acordado impulsar una modificación de la constitución para imponer el voto femenino.

 
Se realizan en ese período las primeras elecciones directas y secretas, para elegir concejales y diputados. Por primera vez los venezolanos hábiles para ejercer el voto acudían en masa a las urnas. Fueron elegidos como concejales algunos candidatos opuestos al gobierno como los adecos Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Andrés Eloy Blanco.

 
Pero llega 1945 y se gesta una peculiar asociación de un grupo de hombres ambiciosos: por una parte, dirigentes de Acción Democrática, encabezados por Betancourt y por otro lado unos jóvenes militares encabezados por Pérez Jiménez, Delgado Chalbaud y Vargas, quienes deciden por medio de un cruento golpe de estado que causó en todo el país unos cuatrocientos muertos, romper el hilo constitucional y deponer al general Medina. Los golpistas instauran un gobierno de facto encabezado por Betancourt conocido como la “Junta Revolucionaria de Gobierno”.

 
El gobierno de facto emprende una tenaz persecución en contra de los afectos a los gobiernos de López y Medina. Se llevan a cabo una cantidad de expropiaciones arbitrarias, juicios amañados y se expulsa del país a notables venezolanos. El gobierno de Betancourt trata de destruir la educación privada con el famoso “decreto 3-2-1” que enciende una ola de manifestaciones de maestros, padres y representantes. También se ataca a la iglesia católica y el gobierno financia y promueve una nueva religión: la “Iglesia Venezolana” con su propio obispo un sujeto llamado Luis Castillo Méndez.
Ante este ambiente de confrontación social se producen unos movimientos que tratan de reestablecer el hilo constitucional que son fuertemente reprimidos. En Valencia, Maracay, Trujillo y Caracas se hacen centenares de detenidos. En Valencia es encarcelado el párroco de Guacara, monseñor Bernardo Heredia. En Caracas el antiguo restaurant “Trocadero” se convierte en campo de concentración de presos políticos. Y los venezolanos se enteran con horror que después de diez años sin un solo venezolano torturado nuevamente se aplican los bárbaros métodos de suplicio que se creían dejados en el pasado.

 
Pero lo que es más grave aún, los nuevos esbirros acuden a un terrible método de tortura que ni siquiera en tiempos de Gómez se conoció en las mazmorras venezolanas: el uso de la corriente eléctrica. Las denuncias de que se aplica electricidad a los detenidos en testículos, cuello, piernas, etc., se conocen mundialmente.

Las denuncias de las torturas llegaron hasta la Asamblea Nacional Constituyente, donde se nombra una comisión que llega a certificar la veracidad de las denuncias. En el parlamento se llega al extremo de que un diputado adeco, Manuel González, dijo que los electrochoques aplicados a los detenidos eran saludables y que eran una terapia aplicada en la psiquiatría moderna.

 
Asamblea acordó que se pasara el informe de la situación a los tribunales para que “caiga todo el peso de la ley sobre los torturadores”. Todavía se esperan las sanciones.

La tortura había regresado para quedarse. Poco tiempo después la sufrirían los mismos que la habían resucitado.
Por Luis Heraclio Medina Canelón
M.C. de la Academia de Historia del Estado Carabobo.