En la década de los 80’s existían servicios, adscritos al Ministerio de Salud, que llevaban registro de los trabajadores sexuales, se les suministraba un carnet, se les asignaba un cronograma de chequeo médico y anticonceptivos con la intención de evitar la proliferación de enfermedades de trasmisión sexual. Lamentablemente, esos servicios dejaron de operar. Hoy ni siquiera tenemos estadísticas sobre la incidencia de la prostitución, aunque claramente, dado el deterioro económico y social que implica la crisis humanitaria compleja, solo podemos presumir que el fenómeno se ha incrementado.

De hecho, hay informes de organizaciones no gubernamentales que atienden a los migrantes venezolanos en Colombia y en Brasil que reportan casos de explotación sexual de venezolanas en esos países. Es decir, las mafias de proxenetas y de trata de personas se han redimensionado al punto de convertirse en industrias criminales trasnacionales.

Ahora bien, a sabiendas de que existen mafias de explotación sexual, dentro y fuera de nuestras fronteras, tanto en los cinturones de pobreza de nuestras ciudades como promocionándose en internet. ¿Qué respuesta debe dar el Estado frente al fenómeno?. Algunos, los eternos frívolos e indolentes, ensimismados en sus privilegios, dirían que como la prostitución siempre ha existido pues siempre existirá y no hay nada que hacer. Otros podrían decir que debe proscribirse e ilegalizarse toda actividad de comercio sexual, indudablemente es lo deseable pero quizá un tanto impracticable dado que, en la medida en que la actividad sea policialmente perseguida, se convertirá en un mercado aún más negro y clandestino.

Al menos deberíamos retomar la gestión de registros de los trabajadores sexuales, de los locales destinados a ello y a proporcionar chequeos médicos periódicos y preservativos. También establecer áreas de tolerancia que permitan circunscribir a unas cuantas calles lo que se práctica en toda la ciudad entre los vicios, la indolencia y las mafias. Alguien podría decir que eso equivale a legalizar la prostitución, no obstante, a falta de alternativas creíbles, el tener restringida territorialmente la actividad de las trabajadoras sexuales permitiría ofrecerles seguridad personal y poder desarrollar políticas de asistencia social que propendan a darle otro rumbo a la vida de las prostitutas. Se les puede ofrecer educación elemental y técnica, orientada al trabajo, bancarizarlas y ayudar a que ese contexto no se herede a sus hijos e hijas con oportunidades concretas para romper la cadena de la pobreza infantil.

Es probable que pese a esos esfuerzos en muchos casos el trabajador sexual no abandone su oficio, pero quizá ella o él colabore suficientemente para evitar que sus hijos caigan en tan denigrante circunstancia, principalmente, porque se saben víctimas. La prostitución, por voz de quienes se dedican a ello, no es una elección sencilla, por tanto, los hacedores de políticas públicas deben abandonar prejuicios y diseñar los mecanismos para hacer frente al fenómeno con pragmatismo. Seguramente habrá quien se oponga a las ideas que he explicado e insistan en estigmatizar a las prostitutas, no puedo acompañarlo en esa posición. Para mi, quienes merecen total censura, sanción moral y estigma son tanto el proxeneta como el “cliente”, uno por tener ganancias financieras con la esclavitud sexual de sus semejantes y el otro por ser el demandante de servicios indignos e indignantes.

Por Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica