De moda de nuevo, esta odiosa palabra que —según Wikipedia— la define como “un sentimiento intenso, respuesta emocional de repulsa hacia alguien o algo que provoca el deseo de rechazar o eliminar aquello que genera disgusto
Opinión.- La lucha contra el odio o su incentivo, es vieja. En el seno de las Naciones Unidas —ONU— se debaten desde hace mucho tiempo las estrategias y el plan de acción como amenaza global que promueve la intolerancia y trae como consecuencia, en muchos casos, crímenes y delitos de lesa humanidad.
De moda de nuevo, esta odiosa palabra que —según Wikipedia— la define como “un sentimiento intenso, respuesta emocional de repulsa hacia alguien o algo que provoca el deseo de rechazar o eliminar aquello que genera disgusto; es decir, sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, idea o fenómeno. Así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo”.
La presidenta Delcy Rodríguez la ha traído al tapete de nuevo, al reconocer que la Ley del Odio, Convivencia Pacífica y Tolerancia, se aplicó mal y se abusó de ella, y ha pedido revisar esta ley, reformar este instrumento jurídico, aprobado el 8 de noviembre por la extinta Asamblea Nacional Constituyente y promovida en Gaceta el 10 del mismo mes.
La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones ha designado una comisión especial para proceder a la reforma de esta ley, polémica desde sus inicios, la cual produjo muchas detenciones arbitrarias, cárcel, cierre de medios de comunicación y censura de la libertad de expresión.
Para septiembre de 2024 ya la ONU exhortaba a la reforma de la Ley del Odio, advirtiendo que las medidas para combatir la discriminación en el país “no deben emplearse como pretexto para restringir las expresiones de protesta contra la injusticia, ni las de descontento social o de oposición”
Esta polémica ley surgió en un momento de mucha confrontación y polarización, que generó esta respuesta desmedida del gobierno de Nicolás Maduro. Los dos polos radicales se enfrentaban entonces con odio. Dio como resultado que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara esta ley, trayendo su aplicación los resultados que todos conocemos.
Por cierto, es bueno también saber, en cuanto a esa Asamblea Nacional Constituyente, fue electa en un ambiente de llamado a la abstención opositor incomprensible, cuando se venía de ganar abrumadoramente la Asamblea Nacional en el 2015.
Esos actos de incoherencia opositora, que al igual en las elecciones parlamentarias del 2005 y presidenciales 2018, le otorgaron al gobierno una mayoría abrumadora, que los cegó en la hegemonía política, aprobándose este tipo de instrumentos, que luego “mal aplicado y de manera abusiva”, como lo ha señalado el propio gobierno, trajeron como consecuencia mayor polarización, descontento y heridas en el país que tardarán en cerrar.
Ahora bien, estamos en un momento importante de los cambios que se vienen dando desde el 3 de enero, y es que por iniciativa presidencial —al igual que ocurrió con la Ley de Amnistía— se propone reformar esta ley, entre otras cosas, para despenalizarla, eliminar su vaguedad conceptual y margen de discrecionalidad. Otros piensan que hay que derogarla.
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