El manifiesto de Acción Democrática presentado este 13 de septiembre, propone la creación de un Fondo Nacional de Recuperación Social, con siete prioridades claras: recuperación salarial
Opinión.- El 13 de septiembre de 2026, Acción Democrática conmemoró 85 años de existencia política ininterrumpida. Fundado en 1941 por Rómulo Betancourt, el partido blanco ha atravesado dictaduras, exilios, prohibiciones y una larga travesía en su lucha por la democracia, la justicia y la libertad. Pero ninguna de esas etapas ocurre en un vacío, el país que AD se propone ayudar a reconstruir es quizás el más golpeado de su historia contemporánea, han sido 27 años complejos y difíciles; ahí radica, precisamente, el valor político de la propuesta que la tolda blanca ha puesto sobre la mesa a través de su secretario general Bernabé Gutiérrez al Gobierno nacional.
Venezuela acumula más de una década de contracción económica continua. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) y del Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario mínimo en 2025 rondaba los 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de 0,32 dólares diarios. La canasta alimentaria familiar, en contraste, superaba los 500 dólares. La cobertura salarial pasó a ser testimonial.
Los hospitales públicos funcionan con infraestructura colapsada, el sistema educativo arrastra los efectos de una década de emigración docente y desinversión, y servicios básicos como el agua potable y la electricidad registran fallas recurrentes en la mayoría del territorio nacional. Sobre ese cuadro se superpuso, además, la tragedia del doble terremoto del 24 de junio de 2026 y agravó la precariedad de la infraestructura nacional.
El manifiesto de Acción Democrática presentado este 13 de septiembre, propone la creación de un Fondo Nacional de Recuperación Social, con siete prioridades claras: recuperación salarial, protección de pensiones, fortalecimiento hospitalario, rescate educativo, atención de servicios públicos, reconstrucción de infraestructura e impulso a la producción nacional.
El elemento más relevante de la propuesta no es su contenido, que en términos generales coincide con cualquier agenda mínima de recuperación social, sino su exigencia de transparencia, control institucional y rendición pública de cuentas. En un país donde la opacidad en la gestión de los recursos petroleros ha sido la norma, este énfasis en la auditoría social es, por sí mismo, un posicionamiento político significativo.
La petición de que la riqueza petrolera “se convierta en bienestar para los venezolanos” toca el núcleo del debate venezolano; la renta de los hidrocarburos ha financiado durante décadas un modelo de clientelismo y corrupción que hoy tiene al Estado en la ruina. AD parece consciente de que cualquier nuevo fondo que no esté blindado contra la captura política correrá la misma suerte que los anteriores.
El manifiesto firmado en homenaje a Gonzalo Barrios, conocido por su talante dialogante, sugiere que es el diálogo y el entendimiento la única vía para salir adelante.
La viabilidad del Fondo Nacional de Recuperación Social dependerá de tres variables. Primero, de la voluntad real del Ejecutivo de someter la administración de recursos a contraloría ciudadana. Segundo, de la capacidad de AD para traducir su propuesta en una plataforma de consenso que incluya a otros sectores políticos y sociales. Tercero, de que el repunte de los precios petroleros y la eventual apertura a inversiones extranjeras generen los excedentes necesarios para alimentar el fondo sin recortar otras partidas presupuestarias.
A 85 años de su fundación, Acción Democrática intenta reconciliar su memoria histórica con un presente de urgencias. La propuesta es seria, pero el mayor desafío no es diseñarla, es construir las condiciones de confianza y gobernabilidad para que no termine siendo otro capítulo en la larga lista de promesas incumplidas de la política venezolana. El país y sobre todo los trabajadores, jubilados y familias vulnerables merecen que esta vez sea diferente.
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