La estabilidad política y la paz social dependen directamente de la percepción de justicia y acompañamiento que sientan los ciudadanos en sus momentos más oscuros
Opinión.- El reciente movimiento sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, ha dejado —más allá de los daños estructurales y el temor colectivo, la tristeza y el dolor inmenso— una profunda interrogante sobre nuestra capacidad de respuesta y, fundamentalmente, sobre la vigencia de la solidaridad nacional e internacional. Como sociedad, nos enfrentamos a una prueba de resiliencia que no admite demoras ni cálculos políticos. La atención a las víctimas debe ser la prioridad absoluta, pero esta no puede limitarse a la entrega de suministros inmediatos; requiere una visión de Estado que transforme la tragedia en una oportunidad de desarrollo seguro. No hay espacio para promesas vacías e inocuas, es una respuesta necesaria.
La solidaridad en este contexto no es solo un imperativo moral, ético, sino una necesidad de cohesión social. En un país ya golpeado por vulnerabilidades económicas y la pobreza, un desastre natural actúa como un catalizador de profundas desigualdades. Ignorar en el siguiente paso a las víctimas del sismo sería profundizar la brecha de desprotección que sufren miles de ciudadanos. Mantener el apoyo firme garantiza que las comunidades afectadas no caigan en el olvido, una vez que las cámaras y los titulares se retiren. La estabilidad política y la paz social dependen directamente de la percepción de justicia y acompañamiento que sientan los ciudadanos en sus momentos más oscuros.
Para ponernos en sintonía con la narrativa actual, la hoja de ruta debe ser clara y ejecutada con transparencia. No basta con la voluntad; se requiere una arquitectura de gestión de crisis que involucre a todos los sectores del país.
La prioridad inmediata debe ser la estabilización de los afectados. Esto incluye el despliegue de brigadas de salud mental y física, el establecimiento de refugios dignos y la garantía de seguridad alimentaria. El gobierno debe facilitar la entrada y distribución de ayuda humanitaria, tanto nacional como internacional, eliminando trabas burocráticas que faciliten la llegada de insumos básicos a las zonas más remotas o afectadas.
Una vez superada la emergencia crítica, el enfoque debe virar hacia la recuperación de servicios básicos como agua potable, electricidad y vialidad. Es fundamental iniciar un censo riguroso de daños para identificar quiénes han perdido su patrimonio total o parcialmente. En esta etapa, el gobierno debe implementar programas de subsidios o créditos blandos para la reparación de viviendas que aún sean habitables bajo normas de seguridad sismorresistente o adquisición de nuevas viviendas.
El objetivo final es la reducción de la vulnerabilidad. Esto implica actualizar los mapas de riesgo sísmico del país y fortalecer a organismos como Protección Civil y Funvisis. Porque la verdad hay que actualizar con nuevas tecnologías. La educación ciudadana sobre protocolos de actuación debe integrarse de forma obligatoria en el sistema escolar y laboral.
¿Debemos reconstruir y repoblar las zonas afectadas? La respuesta no es un “sí” rotundo, sino un “sí condicionado”. La reconstrucción no puede ser una réplica de la vulnerabilidad anterior. Si las zonas afectadas se encuentran sobre fallas activas o terrenos inestables, el gobierno debe tener la valentía política de proponer reubicaciones estratégicas en zonas seguras. Una decisión política nada fácil.
Repoblar sin planificación es condenar a la población a una futura tragedia, que no sabemos cuándo volverá. La reconstrucción debe seguir estándares internacionales de ingeniería sismorresistente. El Estado debe promover ciudades más compactas, mejor comunicadas y, sobre todo, técnicamente aptas para el suelo que ocupan.
El Ejecutivo tiene la responsabilidad de liderar este proceso sin sectarismos. Sus acciones principales deben centrarse en crear una mesa técnica donde participen universidades, gremios de ingeniería, ONGs y el sector privado. Crear un fondo especial para la reconstrucción con auditoría pública, asegurando que cada recurso llegue realmente a las víctimas. Empoderar al poder local que son quienes conocen el terreno, proveyéndolas de los recursos técnicos y financieros necesarios.
La solidaridad no es un sentimiento pasajero, es un compromiso de reconstrucción nacional. El sismo del 24 de junio nos recordó nuestra fragilidad, pero también nos brinda la oportunidad de demostrar que, ante la adversidad, la planificación y la unidad son nuestras mejores herramientas. Venezuela no solo debe levantarse; debe aprender a construirse mejor.
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