Proveniente de El Tinaco, marchando por el antiguo Camino Real, el ejército de Bolívar acampa en el lugar conocido como “Las Palmas”, donde hoy se levanta el pueblo del mismo nombre. En las Memorias de O´Leary (Tomo 18, pág 22, documento 294) encontramos el relato del saqueo que ocurrió allí.
El documento dice:
“Las Palmas, junio 21 de 1821
Al Señor Coronel Plaza.
El ciudadano Francisco Escobar, portador de ésta, se queja de que el Batallón Anzoátegui en la marcha de hoy le saqueó una carga de papelones. S.E. el Libertador quiere que haga V.S. la averiguación y si resultare verdadero el hecho, que arreste V.S. a todos los jefes y oficiales del batallón que hubiesen presenciado o sabido el saqueo y que no lo hayan impedido.
Además hará V.S. que le paguen diez pesos al dueño del papelón y que se descuente mañana esta cantidad al cuerpo que hizo el saqueo, comprendiendo en el descuento también a los jefes y oficiales.
Dios guarde, etc.”. Pedro Briceño Méndez.
No dudamos que Ambrosio Plaza debió de inmediato haber indemnizado al señor Escobar, como le ordenaba Bolívar. La orden era contundente. Fue una de las últimas órdenes que cumplió Plaza, ya que el 21 moriría en Carabobo.
El saqueo en contra de las tropas y los bienes del enemigo es una práctica común y normal durante la guerra, pero cuando esa rutina es en contra de los neutrales o los amigos, está prohibida.
Bolívar condenó los saqueos y abusos contra la propiedad privada, especialmente cuando eran cometidos por tropas que actuaban sin disciplina. Para él, un ejército republicano no podía convertirse en una fuerza de pillaje, porque eso destruía el apoyo popular a la causa de la independencia.
Una de sus expresiones más conocidas sobre este tema aparece en una carta dirigida a Santiago Mariño, en 1813, cuando le reprochaba los excesos cometidos por las tropas orientales:
“La licencia de las tropas destruye los ejércitos y aniquila los gobiernos; los saqueos son la ruina de los pueblos.”
En diversas proclamas y órdenes militares insistió en que el robo debía castigarse severamente. Por ejemplo, ordenó que:
“Todo el que robe será castigado conforme a las ordenanzas militares.”
Bolívar comprendía que la guerra generaba necesidades materiales, pero distinguía entre las requisiciones legales, autorizadas por el mando y destinadas al sostenimiento del ejército y el saqueo indiscriminado, que consideraba un crimen y una amenaza para la legitimidad republicana.
Sin embargo, su actuación práctica estuvo condicionada por la dureza de la Guerra de Independencia. En determinadas campañas autorizó la confiscación de bienes pertenecientes a españoles o enemigos declarados de la República, especialmente después del Decreto de Guerra a Muerte (1813). Estas medidas eran presentadas como sanciones políticas y militares extraordinarias, no como un derecho de los soldados a apoderarse de bienes particulares.
Pero cuando el saqueo lo cometían los funcionarios públicos en contra de los bienes del estado, el Libertador era más contundente.
Hay un decreto expedido en Quito el 12 de enero de 1824, cuando era presidente de Colombia. Allí ordenó medidas drásticas contra los funcionarios que malversaran los caudales públicos:
“Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”.
Otra vez dijo:
“La hacienda nacional no es de quienes os gobiernan. Todos los depositarios de vuestros intereses están obligados a demostrar el uso que han hecho de ellos”.
¿Qué diría o haría El Libertador si saliera de su tumba y viera lo que los gobernantes hacían 200 años después de su paso por Las Palmas y el castigo de los saqueadores del Anzoátegui?
Dios mediante, el 21 de junio estaremos en el pueblo de Las Palmas del estado Cojedes recordando estas fechas.
@luishmedinac
