Una iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez que trasciende cualquier reforma administrativa para convertirse en una transformación estructural profunda que nace desde las bases
Opinión. - Este 1 de junio, Venezuela inició un despliegue histórico con la activación de la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal. Una iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez que trasciende cualquier reforma administrativa para convertirse en una transformación estructural profunda que nace desde las bases. Es el poder popular desde las calles, para consolidar un verdadero estado social de derecho y de justicia.
Como bien ha señalado la mandataria nacional, el norte de este proceso es ordenar el sistema para volverlo profundamente humano. La meta es clara y urgente: convertir la justicia penal en un mecanismo infalible de protección y garantía de los derechos humanos, al tiempo que se erige como el gran pilar que apuntala la convivencia democrática en cada rincón de nuestra geografía. No estamos ante un debate a puertas cerradas; estamos ante un despliegue masivo y simultáneo en ocho circuitos territoriales, diseñado para sacudir las estructuras tradicionales y escuchar con valentía las realidades de cada localidad.
Lo verdaderamente valioso de este proceso es su inmensa pluralidad. En una sola mesa se sientan quienes aplican las leyes y quienes las viven en el día a día: jueces, fiscales y funcionarios policiales debaten junto a nuestras comunidades,trabajadores, mujeres y jóvenes. Esta unidad demuestra que la justicia no debe ser un asunto exclusivo de los tribunales, sino una construcción colectiva donde la sabiduría de la calle es el ingrediente principal para corregir fallas y sanar viejas deudas sociales.
Es una oportunidad de oro para humanizar los procesos judiciales y poner fin a problemas históricos, como el retardo en las causas. Lo hermoso de esta consulta es que no deja a nadie por fuera, pues aborda temas con una gran sensibilidad social, desde la protección a la juventud y la equidad de género hasta la defensa de nuestros pueblos indígenas y el respeto a los animales. Cada asamblea que se realiza en el territorio es un escudo contra la impunidad y un paso firme hacia una convivencia más armónica.
Bajo la conducción de la comisión encargada de coordinar esta consulta nacional y un riguroso despliegue metodológico, se está construyendo una hoja de ruta con la gente. Democratizar el derecho significa que la opinión del ciudadano común tiene un valor real y vinculante. Este ejercicio de participación es la respuesta más contundente de la Revolución Bolivariana ante las dificultades: responder con más democracia, transparencia y justicia para edificar instituciones sólidas.
Desde el estado Carabobo, asumimos este despliegue con la pasión patria y la disciplina organizativa que nos caracteriza. Bajo el liderazgo dinámico e integrador de nuestro gobernador Rafael Lacava, nos declaramos en vanguardia para garantizar que esta consulta territorial sea un éxito rotundo en cada uno de nuestros municipios. Nuestra región se convierte en un espacio vibrante de ideas y propuestas, listo para implementar con total eficiencia las transformaciones que surjan de este gran diálogo, asegurando que la justicia cotidiana llegue de forma imparcial al ciudadano de a pie. Con la fuerza de nuestra gente y la inquebrantable unidad cívico-militar, ¡seguiremos venciendo!
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