"Antes de juzgar a alguien, antes de castigar a alguien, hay que tener pruebas", alegó Lula, en aparente referencia a esas ejecuciones extrajudiciales que empezaron como práctica frecuente en las aguas del Caribe, en medio de un inédito despliegue militar de EE.UU.

En un tono conciliador, Lula abogó por retomar los canales de diálogo y cooperación en materia antidrogas: "Si el presidente Trump quiere hablar de este tema conmigo, tendré el inmenso placer de discutirlo con él. Un inmenso placer. Este y otros temas".

El mandatario suramericano hizo este llamado un día después de que Trump reiterara su deseo de ejecutar operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina, que son violatorias del derecho internacional, a la luz de la Carta de Naciones Unidas.

"Ahora las drogas están entrando por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que será lo siguiente, la tierra será lo siguiente, y quizá vayamos al Senado, quizá vayamos al Congreso, y se lo contemos", afirmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Operaciones militares en el Caribe y el Pacífico

En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación, nunca sustentada de liderar un "cártel de narcotráfico".

Desde septiembre pasado, Washington ha perpetrado "ataques cinéticos" contra pequeñas embarcaciones, inicialmente en aguas caribeñas, pero esta semana se extendieron hacia el océano Pacífico. Las acciones suman más de una treintena de muertos y han generado críticas, tanto por su falta de apego a lo consagrado en el derecho internacional como sobre la legalidad de los operativos.

En la víspera, Trump defendió la actuación de las fuerzas estadounidenses, al asegurar que los bombardeos han tenido lugar en "aguas internacionales" y que están justificados porque las drogas ilícitas le han costado la vida a unos 300 mil de sus conciudadanos, lo que hace que este problema sea, a su juicio, un asunto de seguridad nacional.

Pese a las afirmaciones del dignatario, EE.UU. no ha presentado evidencia en ninguno de los casos que permita fundamentar que se trataba de narcoembarcaciones, o cuántas personas viajaban a bordo y quiénes eran, en qué lugares específicos tuvieron lugar los "ataques cinéticos" o a cuáles organizacionespertenecerían las supuestas cargas ilícitas.