La decisión del mandatario ecuatoriano ocurre a cinco días de la eliminación del subsidio al diésel y a horas del anuncio de paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la Fenocin, y otras organizaciones sociales.
De hecho, el sustento de la declaratoria de estado de excepción en la provincia del Chimborazo se sustenta en publicaciones de prensa, que informan sobre las acciones de la Conaie dadas a conocer el 18 de septiembre.
“Se evidencia la intención de aumentar las manifestaciones de violencia que se están presentando y de esta manera restringir el derecho al trabajo, a realizar actividades económicas y a la libertad de tránsito, en contra de otros ciudadanos”, se lee en los argumentos del comunicado de la presidencia.
Además del Chimborazo, el Gobierno amplió el estado de excepción por grave conmoción interna y durante un periodo de 60 días para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, leyó un comunicado en el que se rechazan las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del Gobierno nacional de la protesta social.
El líder indígena ratificó que la Conaie y las organizaciones aliadas se acogerán al derecho a la resistencia contemplado en la Constitución y alertó a los organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a permanecer vigilantes.
La Conaie declaró el “estado de excepción comunitaria” en los territorios de los pueblos y nacionalidades, en el marco del Estado Plurinacional, con lo cual prohíbe el ingreso de la fuerza pública a estos sitios, y llamó a activar a las guardias comunitarias para proteger a sus habitantes.
