La preocupación por este peligro geoestratégico potencial y las dudas respecto a la capacidad de las autoridades ucranianas para garantizar la seguridad de tan mortífero legado animó a las cancillerías occidentales y a Rusia a promover su destrucción.

Así, en 1994 se firmó el conocido memorando de Budapest , suscrito por Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. En él, Kiev se comprometía a facilitar la destrucción de todas sus armas y el desmantelamiento de las instalaciones dedicadas a su almacenaje y producción. A cambio, obtenía la promesa de que ninguno de los firmantes atentaría contra su integridad territorial ni contra su soberanía.

En realidad, la nuclear era una carga demasiado pesada para la nueva Ucrania, como para Bielorrusia y Kazajstán, ex repúblicas soviéticas que también se adhirieron en aquel proceso al Tratado de No Proliferación. El entonces presidente Leonid Kravchuk sabía bien que, por los enormes costes de su mantenimiento y los riesgos que conllevaba, su país no podía permitírsela. En suelo ucraniano se había producido en 1986 la tragedia de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia, cuyo fatídico recuerdo también debió de pesar en su decisión. En junio de 1996, Ucrania se declaraba oficialmente territorio desnuclearizado. 

A raíz del desenlace del asunto crimeo, Félix Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano se pregunta: «¿Cuál es el mensaje que se está lanzando a los estados proliferadores? Con ninguno de los que recibieron garantías de seguridad esas garantías se han cumplido». El caso más flagrante es el de Libia. El dictador Muamar el Gadafi aceptó eliminar sus armas de destrucción masiva tras los ataques terroristas del 11-S, lo que le granjeó una cierta rehabilitación ante las mismas potencias occidentales que más tarde contribuyeron, operación militar incluida, a su caída. (ABC)