La decisión gubernamental se produce horas después de que desconocidos vandalizaran al menos una decena de comercios y varias oficinas estatales en la provincia, dedicada en gran medida a la actividad turística y la producción de banano.
"Ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz", dijo el ministro de la presidencia, Juan Carlos Orillac, al anunciar la medida, que tendrá por ahora una vigencia de cinco días.
Las protestas en Bocas del Toro comenzaron el mes pasado y tienen como blanco unas recientes reformas al Seguro Social panameño, por considerar que perjudicarían las jubilaciones de los trabajadores.
A finales de mayo ya fue declarado un estado de emergencia en la provincia, básicamente para acelerar la ejecución de proyectos necesarios para reactivar la economía local a través de procedimientos excepcionales. Entonces, las autoridades aclararon que la medida no implicaba la suspensión de derechos constitucionales de la población.
El ministro de seguridad, Frank Ábrego, informó que en las últimas horas unos 12 agentes policiales han resultado heridos en enfrentamientos con manifestantes.
En medio de las protestas, la empresa bananera Chiquita, que opera en la zona, anunció la suspensión de operaciones y el despido de miles de trabajadores.
