En Colombia: Alcaldía de Cali ordenó cierre de comercios y ley seca luego de los atentados de este 10-Jun
Todos los ataques, atribuidos a las disidencias de las FARC, dejaron ocho muertos
Internacional.- Luego de la ola de violencia que se ha presentado en Colombia, y después de la detonación de dos carros que dejó un total de dos personas muertas y 42 heridos, la Alcaldía de Cali estableció el cierre de comercios y ley seca en la ciudad.
De acuerdo a lo reseñado por medios colombianos, la ciudad amaneció este miércoles con los establecimientos comerciales cerrados y una fuerte permanencia policial en sus calles. De esta misma manera, las autoridades indicaron que este martes se registraron 24 ataques en el suroeste del país: Tres en Cali y 21 atentados en varios municipios de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
En total, los ataques dejaron ocho muertos y fueron atribuidos a las disidencias de las FARC al mando de alias "Iván Mordisco".
Consejo extraordinario de seguridad
Este miércoles, al presidente colombiano, Gustavo Petro, está convocado a un consejo extraordinario de seguridad, invitado por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, para tratar el tema de la violencia en el país.
Petro estará en la ciudad de Cali con el fin de participar en una manifestación convocada por centrales obreras para apoyar su idea de convocar por decreto una consulta popular para aprobar su reforma laboral, rechazada en el Senado.
"La situación de violencia y orden público que padecimos en Cali está ligada a la situación de orden público que está viviendo toda Colombia, por eso hacemos un llamado al Gobierno nacional para que tenga mayor contundencia contra los delincuentes y las disidencias de FARC", expresó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
El alcalde recibió la noche de este martes en el aeropuerto a cien nuevos policías que llegaron para reforzar la seguridad en esta ciudad de más de 2,5 millones de habitantes en su área metropolitana.
Entre las medidas tomadas por las autoridades está también el reforzamiento del patrullaje policial en las calles, la alerta naranja en toda la red hospitalaria y una recompensa de hasta 600 millones de pesos (unos 143.300 dólares) por información que permita dar con los responsables de los atentados.