Internacional.- Recientemente, la revista Semana realizó un reporte sobre la denuncia de una reclusa, que cumplía condena en la cárcel colombiana El Pedregal, en Medellín, sobre violación por guardias y presión a abortar.
De acuerdo a lo reseñado, Andrea Valdés, de 30 años de edad, fue agredida sexualmente por dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Impec) en menos de una semana; sin embargo, cuando en junio fue trasladada a una unidad de tratamiento especial, luego de que dos internas le cortaran el rostro con arma blanca, en lugar de estar más segura se desató el caos.
RT indicó que el primer asalto, según contó la reclusa a un psicólogo de la cárcel, sucedió el 29 de agosto de 2024. Valdés relató que un hombre ingresó a su celda a la medianoche, le quitó el pantalón del pijama agresivamente y luego la violó. A pesar de que el agresor la había amenazado para que se quedara callada, ella intentó denunciarlo, pero nunca fue escuchada. El 5 de septiembre, una situación parecida se registró en su habitación, cuando otro hombre entró "más grosero" y la violentó sexualmente.
Cuando Andrea se enteró de que está embarazada las alarmas en la directiva de la cárcel se encendieron puesto a que la mujer no tenía registro de visitas masculinas. Cuando fueron a hablar con la reclusa solo se le propuso que abortara y, ante su negativa, le suministraron los medicamentos en la comida sin su consentimiento.
Este hecho le costó una ida al hospital, donde le informaron que en su sangre había residuos de misoprostol, un fármaco que se usa para interrumpir procesos de gestación. Luego de ese hecho, en noviembre, cuando logró hacer una denuncia con una funcionaria de la Fiscalía, fue trasladada a otra prisión, pero igual recibió una amenaza de sus agresores. Es de destacar que su abogado habría pedido ayuda a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, pero habría sido rechazado.
"Ya sabemos para dónde vas, vas para Picaleña, ahí sí te vamos a cerrar el pico", le dijeron.
Afortunadamente, duró poco en ese recinto y, a comienzos de este año, fue trasladada a una cárcel en Bogotá, donde, actualmente, espera que se le otorgue arresto domiciliario.