En España: una "manada de empresarios'" evadirá la cárcel tras prostituir a menores
El acuerdo con la Fiscalía ha levantado la indignación de la ciudadanía española
17 de octubre de 2024
Foto: cortesía
Internacional.- Se pedían penas máximas de 24 a 56 años, pero ni siquiera van a pisar la cárcel por participar en una red de prostitución de menores. Ese ha sido el resultado de uno de los procesos judiciales que mayor indignación ha levantado en los últimos tiempos en España, este caso destapado a finales del 2014, cuando se realizaron las primeras detenciones.
El desarrollo de este caso concluyo este mes con un final no muy feliz, debido a que los sietes empresarios que fueron acusado por este hecho se librarán de ir a prisión y con sentencias de apenas meses y multas minúsculas a los solicitado.
Por otro lado, se conoció que solo irán a prisión tres personas de los sietes imputados dos de ellas encargadas de reclutar a las menores en discotecas de adolescentes y colegios, y una que hacía de intermediaria, la labor de estas personas consistía en llevar a las adolescentes hasta los hombres, de avanzada edad y buena situación económica, para que abusaran de ellas. Sin embargo las penas de esas personas tampoco son ejemplarizantes, ya que en el peor de los casos, cumplirán seis años de reclusión.
Todo ha sido posible gracias a un acuerdo de conformidad entre las defensas de los acusados y la Fiscalía, que ejercía la acusación en ausencia de acusaciones particulares. El argumento para sentencia final es que la confesión de los delincuentes y la dilación indebida del proceso, que se ha prolongado durante casi una década, motivaba una reducción sustancial de la pena.
Se supo que entre los condenados se encuentran empresarios reconocidos como, Juan Castejón Ardid, expresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia de 74 años de edad, José Antonio Arce López, 70 años, Juan Peque Álvarez, 72 años, José Jara Albero 68 años, Antonio Giménez Pelegrín, 81 años, Antonio Morales Nicolás, 92 años y Juan Martínez Fernández con 73 años.
Uno de esos empresarios tuvo contactos sexuales con hasta cinco de las once víctimas identificadas, que entonces tenían entre 14 y 17 años.
Los hombres fueron condenados a penas de prisión de 5, 10 y 15 meses, pero no entrarán en la cárcel por la brevedad de las penas y por carecer de antecedentes penales, bajo dos condiciones: no delinquir en los próximos uno o dos años, y participar en un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad.
Asimismo estos hombres deberán abonar una multa, que varía entre los diez y los doce euros diarios, según recoge Público, una cantidad muy inferior a la que abonaban por abusar de las menores. La sentencia ni siquiera recoge la inhabilitación para el ejercicio de actividades que requieran contacto frecuente con niñas y adolescentes. También han visto suspendida su pena Martín D.T. y Manuela P.P., condenados a un año y tres meses de prisión, y a seis meses, respectivamente, por actuar de intermediarios de la red; así como Yesenia B.C., sentenciada a seis años de prisión por la modalidad agravada de prostitución de menores.
Los únicos que pisarán un penal son Ruth D.T., Nelly C.P. y Walter D.M. Las dos primeras consideradas madamas en esta red y el último, un colaborador activo de ambas. A pesar de estar condenados a 16 y 12 años de cárcel respectivamente, ya se les ha comunicado que cumplirán un máximo de seis. Ruth D.T. había sido sentenciada por ocho delitos y los otros dos reos, por seis cada uno.
Casi ha pasado una década para hacer "justicia", para que las víctimas tengan el veredicto de las sentencias, desde que se destapo el caso en 2014, tras la denuncia de un padre por la desaparición de su hija y el hecho de que la menor solía tener más dinero de lo habitual. Durante el caso se halló un catálogo de mujeres que ejercían la prostitución, entre ellas, las once víctimas menores de edad.
Las argumentaciones que recogen las resoluciones de los magistrados, según una nota difundida por el Poder Judicial, chocan con la levedad de las penas impuestas en este caso. Asimismo los jueces sostienen que la prostitución de menores llevada a cabo por esta organización obviaba que se estaba ejecutando "una de las formas más graves de violencia contra las mujeres que se pueden acometer".
Se pudo conocer que cinco de las víctimas se mostraron favorables a la suspensión de las penas a los condenados, dos estaban conformes con lo que decidiera el tribunal y otras cuatro se opusieron.
El incomprensible final de este caso ha hecho que los vecinos de Murcia se hayan echado a las calles en repetidas ocasiones. La última de ellas el pasado martes, para protestar por la sensación de impunidad que rodea este caso.
