Los padres y madres de los estudiantes siguen la búsqueda incesante de sus hijos
Internacional.- En Iguala de la Independencia, el municipio donde ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el valor histórico fue reemplazado por las noticias de inseguridad. El sentimiento patriótico se transformó en desazón. Pero también el miedo se volvió lucha y la impotencia dio paso al coraje.
Diez años después de la tragedia, los padres y las madres de los estudiantes siguen la búsqueda incesante de sus hijos. La exigencia no cambia: quieren su regreso con vida, pues así se los llevaron. Mientras que la primera versión oficial de las autoridades señaló que los estudiantes fueron asesinados, los seis informes que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde 2015 mostraron que esa versión fue construida con base en ilegalidades. La investigación del caso, por tanto, se mantiene hasta la fecha y no ha entregado resultados concluyentes.
Los familiares denotan cansancio y pesadumbre, se han enfermado y no descansan tranquilamente, algunos incluso ya fallecieron en este tiempo; pero ellos se muestran capaces de hacer lo que sea con tal de volver a verlos.
Según las investigaciones del GIEI recopiladas en su sexto y último informe público de 2023, la noche del 26 de septiembre de 2014, un contingente de estudiantes de Ayotzinapa acudió a Iguala. El objetivo era retener temporalmente autobuses de empresas de transporte con el fin de utilizarlos para asistir a la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Los estudiantes partieron a las 9:00 de la noche en dos grupos (uno con dos autobuses y otro con tres) y poco tiempo después fueron perseguidos y atacados por policías municipales de Iguala, auxiliados por otros cuerpos de seguridad y por otros ciudadanos no afiliados.
El ataque dejó un saldo brutal de 43 estudiantes de licenciaturas en educación, que a la fecha siguen desaparecidos. En varias camionetas, algunas de policías municipales, se los llevaron. Esa fue la última vez que los vieron. Además de la desaparición, seis personas fueron asesinadas en el lugar, entre ellas tres normalistas; al menos 40 personas resultaron con lesiones, se registraron cientos de víctimas más, tanto directas como indirectas, según el reporte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Es un caso sumamente complejo, lleno de inconsistencias en la investigación y, sobre todo, de impunidad. Aunque ha habido algunos arrestos como los del presunto jefe del grupo criminal Guerreros Unidos Gildardo López Astudillo y de José Luis Abarca, exalcalde del municipio de Iguala, ambos fueron absueltos. Ocho militares fueron liberados en enero de 2024 mientras siguen los procesos en su contra por la desaparición forzada. Lo cierto es que una década después no hay nadie condenado por este caso.
Esta es la marca que pesa sobre Iguala: ahora es más conocido por su inseguridad, por sus “matazones”, que por el legado histórico de ser cuna de la bandera nacional.
Si bien la incidencia delictiva en general en el municipio de Iguala se redujo en 14 % de 2015 a 2023, las muertes violentas alcanzaron su punto más alto el año pasado.
Un análisis realizado por CNN de datos abiertos del Gobierno de México sobre incidencia delictiva mostró que en 2023 se registraron 194 delitos relacionados con muertes violentas (193 por homicidio doloso y 1 por feminicidio). En ningún año de 2015 a 2023 se había observado allí ese nivel de violencia.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en los municipios de Guerrero, se puede comprender, al menos un poco, el miedo de sus habitantes.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos han sido la clave para que esta lucha por la justicia se mantenga a flote.
“Lo que nos ha dado la fuerza en estos casi 10 años es el pueblo de México, porque levantó la voz, así como los medios de comunicación, así como ustedes que están aquí, que han difundido todo lo que ha pasado (...). Los que hacen documentales, poemas, pintan los rostros de los 43. Eso es una ayuda”, comentó Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista.
La exigencia de justicia por los 43 normalistas desaparecidos no solo se lleva a cabo cada mes de septiembre. Los familiares van el día 26 de cada mes a la Ciudad de México para protestar; y al día siguiente se dirigen a Iguala para manifestarse. Eso sin contar las reuniones con familiares, autoridades, así como la organización de asambleas, conferencias de prensa. La movilidad no se ha detenido en la última década.
Los padres de los estudiantes desaparecidos dicen que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les ha “mentido, engañado y traicionado”. En tanto, el Gobierno de López Obrador señaló, en la última reunión de su sexenio con ellos, que la investigación seguirá y que no habrá “carpetazo”.
Clemente Rodríguez, familiar de una de las víctimas, ha desarrollado vértigo en el lapso de 10 años de búsqueda. Para tranquilizar la mente, talla a mano madera que luego convierte en artesanías de mesa para venderlas y tener un ingreso.
“Es doloroso saber que en su cumpleaños no está él. Pero creo que el coraje y la rabia nos da fuerzas de seguir luchando por saber realmente qué es lo que pasó con los muchachos, dónde están. Tenemos una esperanza de volverlos a ver”, dice Bernabé Abraján, padre de otro de los estudiantes, con la voz entrecortada.
El presidente de México dijo el pasado 25 de julio que “hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el Ejército”. Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aseguran que hay pruebas de que el Ejército se encontraba en las calles ese día y participó en los hechos. Asimismo, han pedido al Gobierno que se les entreguen 800 folios de la investigación militar sobre el caso, algo que hasta el viernes 20 de septiembre de 2024, cuando normalistas y padres protestaron en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, no ha sucedido.
La Normal Rural de Ayotzinapa es una comunidad organizada en pie de lucha. Cada rincón es testigo de la exigencia de justicia social, en especial para los 43 normalistas desaparecidos.
Los padres de las víctimas continuarán con ese mismo clamor de justicia: el regreso de sus hijos, "porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
