Cuando falta menos de un mes para la cita, que debe reunir a jefes de Estado y de Gobierno de la región en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, Biden trata de sortear un posible boicot orquestado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al que se sumarían otros mandatarios.

La Administración Biden anunció el lunes el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba más allá de La Habana, la supresión del límite en el envío de remesas y la recuperación de un programa de reunificación familiar, siendo los primeros pasos en la apertura hacia la isla que prometió en campaña electoral.

Solo un día después, el martes, informó que levantará algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas, la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA, a cambio de que se reactive el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que tenía lugar en Ciudad de México.

EE.UU. llevaba meses trabajando en estos anuncios y decidió hacerlos públicos en un momento en que la Cumbre de las Américas, en la que Biden quiere impulsar un pacto migratorio regional, entró en crisis por la decisión de la Casa Blanca de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El primero en levantar la voz, además de los propios excluidos, fue el mexicano López Obrador, quien anunció su ausencia en la cumbre si no se invita a todos los países de América, una postura a la que posteriormente se sumó el boliviano Luis Arce.

También la Comunidad del Caribe (Caricom), que cuenta con 15 miembros, ha puesto en duda su participación por el mismo motivo, y ha señalado presiones de Estados unidos para que cambie de opinión.