La magistrada ha autorizado el acceso, visionado y descarga de toda la información contenida en dichos dispositivos electrónicos, desde registros de llamadas, correos electrónicos y agenda de contactos hasta aplicaciones de redes sociales y mensajería instantánea. Los agentes también podrán analizar el contenido multimedia y de los servicios de banca online, así como incautar criptoactivos.
La juez, que ha adoptado esta diligencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en su auto argumenta que esta medida podría "resultar útil a la investigación a los fines de esclarecer la totalidad de las acciones ilícitas cometidas por los investigados".
En este sentido, señala que considera "adecuada y útil" la medida porque permitirá obtener "datos relevantes para el completo esclarecimiento de los hechos toda vez que se trata de un delito de índole económica". Asegura también que el análisis de los datos que pueden contener los ocho teléfonos, tres memorias USB y un iPad "resulta esencial a la hora de contar con indicios objetivos acreditativos de la comisión de los hechos investigados".
