La iniciativa, que lleva la firma de seis miembros del bloque oficialista de Javier Milei, busca la prisión de la persona que lo solicite y para el médico que intervenga, e incluso establecen que un aborto luego de una violación ya no sería "no punible", a menos que un juez exima a la mujer.
"Entendemos que dicha ley no es constitucional, y contraría el sentir general del pueblo argentino y (sic) que no contempla la dignidad de la persona humana, razones por las cuales corresponde promover su derogación", reza el documento de seis artículos.
"La tremenda crisis que vive nuestro país no es solo política o económica, es fundamentalmente moral", se indica. "La clase política debe retomar el concepto de 'bien común' como elemento fundante del principio de jerarquía. Así se recupera una legitimidad que hoy es cuestionada, y que solo se reconstruirá si se despliegan las condiciones institucionales, materiales y espirituales que posibiliten el normal y pleno desarrollo de todos y cada uno de los argentinos", precisa.
De acuerdo con el 'Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal', publicado por la organización Proyecto Mirar, en sus dos primeros años de implementación (2021 y 2022), en Argentina se realizaron 170.151 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que permitió que ninguna de esas mujeres y personas gestantes muriera en prácticas clandestinas o fuera criminalizada, como ocurría antes.
