El gobernador de Texas, Greg Abbott, defendió el pasado miércoles en un comunicado el derecho de su estado a defender sus fronteras de la inmigración ilegal, mediante la Guardia Nacional de Texas y el personal del Departamento de Seguridad Pública del estado.

"El Gobierno federal ha roto el pacto entre EE.UU. y los estados", señaló.

Además, Abbott acusó a Biden de que "en lugar de procesar a los inmigrantes por el delito federal de entrada ilegal, ha enviado a sus abogados a los tribunales federales para demandar a Texas por tomar medidas para asegurar la frontera". Según el gobernador, "la negativa ilegal de Biden en proteger a los estados ha infligido un daño sin precedentes en todo EE.UU.".

La posición de Texas ha sido apoyada, de momento, por gobernadores de 25 estados como Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Indiana, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

Hay que destacar que Texas no está de acuerdo con el fallo y los militares del estado declararon que seguirán controlando la frontera con México y no permitirán que el alambre sea retirado por los agentes fronterizos, que dependen de la autoridad federal.

Además, las discrepancias entre la administración Biden y el gobierno de Abbott se agudizaron, cuando la Guardia Nacional de Texas cercó un tramo de alrededor de 4 kilómetros, que rodea al parque Shelby en Eagle Pass, de la frontera entre EE.UU. y México, lo que impidió que la Patrulla Fronteriza accediera a un parque municipal donde se encuentra una rampa para botes que utilizan sus agentes para navegar hacia el río Bravo.

Tras el incidente, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó un expediente ante la Corte Suprema, argumentando que la capacidad de la Patrulla Fronteriza para monitorear esa sección en la frontera está "limitada a una pequeña franja de una única cámara de vigilancia ubicada fuera del área recién cercada" y pidiendo a la institución jurídica "restablecer el acceso a la Patrulla Fronteriza".

Los analistas señalan que la disputa entre el estado y el Gobierno federal es una situación única, ya que las partes están en abierta disputa no solo en los tribunales, lo que tenía lugar antes, sino también de facto en la frontera.