Como parte de un proceso de sometimiento, había firmado un preacuerdo de culpabilidad, en el que aceptaba dos cargos: 1). Proporcionar, ayudar e instigar la provisión de apoyo material o recursos a una organización terrorista internacional; 2). Recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo que se utilizarían para cometer el delito federal de terrorismo.
En la primera década del siglo XXI, Alcalá fue uno de los oficiales cercano al entonces presidente Hugo Chávez, y luego por Nicolás Maduro.
De acuerdo con el expediente que cursa en EE.UU., aprovechó las influencias de su cargo en las Fuerzas Militares para traficar cocaína y armas con la guerrilla de las Farc.
Alcalá reconoció que les entregó lotes de armas a “Iván Márquez” y “Timochenko”, miembros del Secretariado del grupo insurgente, y que permitió el despegue de aviones cargados con cocaína desde el aeropuerto de Maiquetía.
También explicó que manipuló a otros miembros de las Fuerzas Militares para que no atacar a los insurgentes colombianos en suelo venezolano.
Por esta cooperación, su defensa le pidió a la corte una pena de seis años de cárcel, que contrasta con las tres décadas que pretende obtener la Fiscalía.
