El juzgado dictó medidas de protección para las mujeres en el marco de leyes nacionales y provinciales
Internacional.- La vida de las carmelitas descalzas del Convento San Bernardo, en el norte de Argentina, parecía transcurrir en calma en medio de sus continuos rezos, el trabajo en la huerta, las labores manuales y los esporádicos contactos con allegados a través de las rejas.
(
Lea también: Detonan carro bomba en sede de la Alcaldía de Argelia, Cauca)
Pero la paz que uno imagina entre los muros de la imponente construcción colonial no era tal. Así se desprende de la denuncia presentada por las 18 carmelitas que residen allí contra el
arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, y otros dos religiosos por presunta violencia física y psicológica, lo que ha generado un sismo en esa localidad situada a unos 1.400 kilómetros de Buenos Aires, una de las más católicas de Argentina.
La denuncia de las monjas es un
hecho inédito que ha derivado en algo también sorprendente: la citación por parte de la justicia a Cargnello y los otros dos sacerdotes -el emisario del Vaticano Martín de Elizalde y el auxiliar en la catedral salteña Lucio Ajalla- para que el martes den su versión sobre las acusaciones.
La audiencia fue convocada por un juzgado de Violencia Familiar y de Género de Salta luego de que el 12 de abril las carmelitas denunciaron a los religiosos.
El juzgado dictó medidas de protección para las mujeres en el marco de leyes nacionales y provinciales y de la “Emergencia pública en materia social por violencia de género” que rige en la provincia de Salta. Asimismo intimó a los sacerdotes a “abstenerse de ejercer actos de violencia” y acercarse al convento, custodiado por la policía.
Sin embargo, un día antes de la fecha prevista, la audiencia se suspendió luego de que la defensa del arzobispo presentó una nota diciendo que Cargnello estará participando de las deliberaciones de la Conferencia Episcopal Argentina cerca de Buenos Aires, informó el Poder Judicial de Salta.
También apeló ante un tribunal una resolución de la jueza que había declarado que la justicia ordinaria es competente en el caso, en lugar de la canónica. (AP)
