Guerra contra las pandillas de Bukele suma 160 muertos
La organización Cristosal presentó un informe sobre torturas y muertes al interior de centros penales hasta abril de 2023
El Salvador.- La política de “guerra contra las pandillas” que lleva a cabo el Ejecutivo de El Salvador ya suma 160 personas fallecidas, algunas con rastros de torturas y vejaciones, desde que el presidente Nayib Bukele estableciera un régimen de excepción hace poco más de un año.
La política del Gobierno de Bukele en los últimos meses se ha centrado en mostrarse como el país “más seguro de Centroamérica”. En redes sociales se vanagloria de las megacárceles creadas bajo su administración y el sometimiento de los integrantes de las bandas criminales.
Sin embargo, esta realidad es contrastada en una exhaustiva investigación realizada por Cristosal, una organización salvadoreña en defensa de los derechos humanos.
En un informe compilaron un listado de 153 privados de libertad que murieron entre marzo de 2022 y abril de 2023. Los nombres fueron confirmados y revisados junto con un médico forense, quien confirmó que en al menos 28 casos hubo torturas.
La cifra de fallecidos aumentó hasta los 160 durante el mes de mayo, explicó la abogada Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal.
El documento suscribe que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes.
En 75 casos se identificaron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencias golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura, reseña EFE.
Las declaraciones recogidas por los investigadores señalan que otras personas murieron a causa de enfermedades de base no tratadas durante el encarcelamiento o por falta de acceso a medicamentos.
Citan el caso de una mujer de 50 años detenida mientras padecía de una enfermedad del hígado. “Pese a que su familia llevó los medicamentos al centro penal donde estaba recluida no fueron recibidos y cuando su familia preguntaba por ella respondían que, si necesita medicamentos, el médico les iba a avisar”, dice el informe.
Fosas comunes e incongruencias
Cristosal registró cuatro casos de reos que fueron enterrados en fosas comunes por errores en el manejo de la información por parte de la policía y Medicina Legal.
Por ejemplo, un hombre fallecido de 45 años con discapacidad intelectual fue trasladado a Medicina Legal con apellidos distintos por lo que fue sepultado en un lugar común en el Parque Memorial (Cementerio) La Bermeja.
La carpeta médica establece que murió́ a consecuencia de un edema pulmonar; sin embargo, las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba edemas en el rostro.
“Personas entrevistadas informaron que fue golpeado dentro del penal donde estaba recluido, recibió patadas en el estómago que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y boca, lo que provocó que perdiera la movilidad y no pudiera comer; no recibió́ atención médica”, dice el informe.
También reseñan la muerte de un joven de 23 años que falleció el 18 de abril de 2022, cuyo cadáver presentaba señales de golpes en varias partes del cuerpo, pies y manos rotas, llagas en la espalda semejantes a quemaduras, lo que evidencia que pudo ser víctima de tortura.
El cuerpo fue entregado a la familia en un ataúd cerrado y el acta forense estableció que se trataba de una “muerte súbita”, contiene el escrito.
Un año de estado de excepción
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 69 mil detenidos.
La medida fue adoptada luego de que la Mara Salvatrucha-13 y el Barrio 18, las dos pandillas más numerosas del país organizaran una masacre que puso a 87 muertos en las calles en un solo fin de semana.
De acuerdo al diario El País, la masacre se debió a una ruptura del pacto que Bukele mantenía con las pandillas desde el principio de su administración, algo que mantenía a raya la violencia.
Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del estado de excepción.
