El asambleísta Esteban Torres, uno de los interpelantes en el juicio político de censura al jefe de Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso, consideró que "no existe ningún tipo de causal" para decretar la disolución de la Asamblea Nacional, como lo ha hecho el Ejecutivo este miércoles.

Indicó que se debe analizar "judicial y constitucionalmente la pertinencia de ese decreto y esperar una decisión que, de alguna manera puede dejar en firme esta decisión y tener el llamado a elecciones inmediatamente, o desconocer la validez de ese decreto y continuar con las funciones de la Asamblea".

Torres recalcó en la televisión Teleamazonas que "no existe ningún tipo de causal" para aplicar la llamada "muerte cruzada", invocada por Lasso por "grave conmoción interna y política".

"En este momento no existe una conmoción social y política. No se ve este rato una congestión nacional de las calles, o una paralización de los servicios públicos, no existe eso y ojalá no se dé, por eso no hay razón para un decreto", indicó Torres, quien el pasado domingo fue elegido segundo vicepresidente del Parlamento.

De su lado, Fernando Villavicencio, se definió este miércoles como "un exasambleísta muy feliz".

"De los muy pocos exlegisladores (a los) que puede notarse en el rostro la felicidad de una decisión tardía" de Lasso, agregó al asegurar que "la única posibilidad que tenía el Gobierno al no contar con un bloque parlamentario fuerte y (al tener) una conspiración constante, era la muerte cruzada".

Villavicencio opinó que gran parte del país "está celebrando esta decisión de enviar a una Asamblea corrupta, desprestigiada, inmoral, inconsecuente, indolente y mediocre, a la casa".

Decenas de militares y policías han cercado la Asamblea Nacional de Ecuador, institución disuelta este miércoles, cuando estaba prevista la segunda jornada de debate en el juicio político de censura contra el jefe de Estado, acusado de presunto peculado.

Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.

En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

Villavicencio opinó en la televisión Ecuavisa que Lasso sí tenía opción de superar el juicio político, pero hubiese tenido muy complicada su gestión en los dos años que le restaban de mandato, en los que la oposición podría acorralarlo.

GRAVE CRISIS POLÍTICA

"El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza", dijo Lasso antes de anunciar la "muerte cruzada".

Anotó que la solución debe poner fin a "una confrontación irracional e inútil" y señaló que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos "a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado".

Comentó que en los últimos dos años, "un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido".

Lasso añadió que el proyecto desestabilizador "subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo" y "todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado".

"Promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción", dijo sobre la acusación de la oposición.

Para el gobernante, se trata de "un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo es el mecanismo para destituir al presidente".

"Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno impulsados por un sobrehumano rencor; sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada", subrayó.