Si bien en la primera ocasión la propuesta tuvo luz verde por parte del Senado, no fue aprobada por la Cámara de Representantes, ya que ni siquiera llegó a votarse en el pleno.
Al respecto, uno de los patrocinadores del proyecto, el senador por el estado de Florida, Rick Scott, dijo en un comunicado que "ni un centavo del dinero de los contribuyentes debe ser usado" para apoyar al gobierno venezolano.
La propuesta prohíbe que las agencias del EE. UU. tengan contratos para la adquisición de bienes o servicios con "cualquier persona" que "participe a sabiendas en operaciones comerciales significativas con una autoridad del Gobierno de Venezuela".
Sin embargo, esta iniciativa contempla como excepciones aquellos negocios con objetivos humanitarios o que sean de interés nacional para EE. UU.
Por su parte, el pasado mes de diciembre, el Gobierno venezolano rechazó la propuesta cuando fue aprobada por el Senado de EEUU la primera vez.
La cancillería de Venezuela calificó de "nefasta" la iniciativa y aseguró que "constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano".
Cabe recordar que EE. UU. ha impuesto una serie de sanciones económicas y diplomáticas contra Venezuela, entre ellas a la exportación de petróleo y los negocios con funcionarios y entidades gubernamentales.
