Esta política es señalada de inhumana debido a que expone a los migrantes a la violencia extrema
Internacional.- Un juez federal dictaminó recientemente que la Administración de Joe Biden no puede finalizar todavía el programa "Quédate en México", una política de Donald Trump implementada en 2019, que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México a la celebración de sus audiencias en las cortes migratorias estadounidenses.
El juez de distrito Matthew Kacsmaryk, en Texas, suspendió la cancelación de la iniciativa hasta que se resuelvan los recursos legales de Texas y Missouri, pero no ordenó su restablecimiento. El impacto de la decisión sobre el programa no estaba claro de inmediato.
Durante julio, la Corte Suprema decidió que la Administración Biden tenía la autoridad para dejar el programa sin efecto y rechazó los desafíos legales que se abrieron en varios estados republicanos para proteger la aplicación de la normativa. Sin embargo, el máximo tribunal devolvió el caso al juez Kacsmaryk para un análisis más profundo.
En agosto de este año, el Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a poner fin de manera rápida y ordenada "Quédate en México". Eso significa que ya no se inscribirán nuevos solicitantes de asilo en ese listado y que los ya inscritos serían “dados de baja” para seguir su proceso dentro de Estados Unidos.
Cerca de 75 mil migrantes han sido afectados por la aplicación de Quédate en México y quedan expuestos a las organizaciones delictivas que operan en la frontera o son condenados a vivir en la intemperie.
“Es una política de sentido común evitar que la gente entre en nuestro país de forma ilegal”, tuiteó el gobernador de Texas, Greg Abbott, tras el fallo. “Texas gana de nuevo, por ahora”.
El fallo podría ser un revés temporal para el gobierno de Joe Biden, que podría apelar.
Un correo electrónico solicitando comentarios al Departamento de Seguridad Nacional no obtuvo respuesta.
Con Trump en la Casa Blanca, unos 70 mil solicitantes de asilo se vieron forzados a esperar en México a las vistas de inmigración en base a la política introducida en enero de 2019. Biden, quien dijo que “va en contra de todo lo que defendemos como una nación de inmigrantes”, la suspendió en su primer día como presidente.
Esto provocó una larga y tortuosa batalla legal y administrativa.
Kacsmaryk, nombrado por Trump en Amarillo, ordenó que se restableciera la política en 2021. La Casa Blanca cumplió tras acceder a los cambios exigidos por México, pero no la aplicó de forma generalizada y solo unos pocos miles de personas fueron enviados al país vecino.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio por 5-4 que Biden tenía capacidad para poner fin a lo que técnicamente se conoce como Protocolos de Protección de Migrantes.
Pero devolvió el caso a Kacsmaryk para una de las cuestiones principales: determinar si la actuación del ejecutivo era “arbitraria y capciosa” y, por lo tanto, violaba la ley federal de elaboración de regulaciones.
En su fallo de 35 páginas, el juez señaló que era probable que un informe de octubre de 2021, que era el último esfuerzo del gobierno para concretar el final de la política, violase la ley.
Entre otras cosas, el ejecutivo no consideró los beneficios de la medida, incluyendo la reducción de la inmigración ilegal y de las “solicitudes de asilo no meritorias”, indicó el documento.
Trump hizo de esta política una pieza clave de la seguridad fronteriza, que según los críticos es inhumana porque expone a los migrantes a la violencia extrema en México y complica su acceso a un abogado.
Kacsmaryk dijo que el documento del gobierno de Biden mencionaba las condiciones que los migrantes podrían enfrentar mientras están en México, pero no las dificultades que pasan antes, “cuando realizan el peligroso viaje hasta la frontera sur”.
(AP)
