Según la sentencia del tribunal, Kirchner, durante un período que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), habría extraído fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero.
Sin embargo, debido a su rol como vicepresidenta, Fernández de Kirchner tiene inmunidad que la protege de forma legal y cívica en un caso criminal, motivo por el cual no irá a la cárcel.
En este sentido, la Fiscalía acusó a la vicepresidenta de haber encabezado una asociación ilícita para direccionar, junto a otros funcionarios, contratos millonarios de obras viales que, según la querella, quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias.
Durante el juicio, la acusada negó los cargos y denunció que se trata de una persecución política contra ella y el proyecto político que representa.
La causa "Vialidad"
El fiscal Diego Luciani, al frente de la causa "Vialidad", pidió en agosto 12 años de cárcel para Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la condena no evita que Fernández de Kirchner sea candidata a las próximas elecciones.
La acusación hace referencia, específicamente, a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de la que era oriundo su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de sus carreras profesionales y políticas antes de saltar a la escena nacional.
En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro Báez, exsocio del matrimonio Kirchner y a quien los fiscales señalan como el principal beneficiario de esta supuesta defraudación. En otras palabras, que habría sido él el favorecido con el direccionamiento de las obras, y que luego, por distintas vías, habría beneficiado económicamente a sus supuestos socios.
El fiscal Luciani afirma que, para hacer el desvío de fondos, "de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa".
Desde 2021, Báez tiene una condena de 12 años de prisión por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015, la cual fue apelada por su defensa ante la Cámara de Casación.
Su abogado afirmó que la sentencia es producto de una supuesta “persecución política y mediática” y negó las acusaciones ante CNN, debido a que alega que las pruebas utilizadas para confirmar la asociación ilícita pertenecen a otro expediente y que durante los alegatos demostrará que la fiscalía miente en sus argumentos.
