Luis Eduardo Torres Ojito, de 10 años lleva desaparecido 17 días sin que las autoridades revelen más detalles
Internacional.- Han pasado 17 días desde que Luis Eduardo Torres Ojito, de 10 años, desapareció de una casa de acogida estatal en Ecuador. La última imagen que se tiene de él la registró una cámara de seguridad: aparece caminando en silencio junto a otros siete niños que, al amanecer, abandonan por la puerta principal la Casa Hogar María Campi de Yoder, en Quito. Con el paso de los días, los otros siete fueron localizados en distintos puntos del país, incluso a cientos de kilómetros de la capital. Solo falta uno. Luis Eduardo —venezolano, de cabello castaño, ojos cafés y una sonrisa amplia— sigue desaparecido.
Las autoridades no han explicado cómo ocho menores pudieron abandonar una casa de acogida sin que nadie lo impidiera, ni en qué condiciones fueron encontrados los otros niños o qué los llevó a huir del centro. Tampoco han informado qué hipótesis manejan sobre el paradero de Luis Eduardo. Este periódico solicitó una entrevista al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), responsable del sistema de acogimiento institucional, pero la cartera respondió que no tiene previsto pronunciarse sobre el caso.
Cada día sin noticias de Luis Eduardo, la incertidumbre crece. Que sobreviva solo en la calle, que haya sido captado por una red de trata o explotación, o que haya terminado bajo el control de un grupo criminal son escenarios que las autoridades no han descartado ni explicado.
Sybel Martínez, abogada especializada en derechos de la niñez, afirma que la desaparición de Luis Eduardo tampoco es un hecho excepcional. “No es la primera vez que niños o adolescentes evaden las casas de acogida”, explica. El problema, sostiene, es que muchas veces las instituciones incumplen los protocolos. “No siempre presentan de inmediato la denuncia por desaparición en la Fiscalía para activar la búsqueda. Tampoco denuncian otros delitos que ocurren dentro de estos centros. Los chicos nos hablaron de abusos sexuales y esas denuncias tampoco habían sido presentadas hasta que el caso se hizo público”, explica. Para Martínez, “sin presión y sin supervisión independiente, cualquier cosa puede estar pasando en las casas de acogida”.
En Ecuador, 1.905 niños y adolescentes viven en casas de acogida administradas o financiadas por el Estado. El 22% está concentrado en Quito. La mayoría llegó a estos centros después de sufrir negligencia (49%), violencia sexual (12,9%), maltrato físico o psicológico (12,7%) o abandono (9,9%), según el último informe de acogimiento del MIES. Sin embargo, el propio sistema evidencia profundas debilidades: más del 72% de esos menores no cuenta con un Proyecto Global de Familia, el instrumento que debe definir una ruta para restituir sus derechos y encontrar una alternativa estable de cuidado.
Lo ocurrido con Luis Eduardo y los otros siete niños que intentaron huir no tomó por sorpresa a quienes llevan años monitoreando el sistema. Las señales de alarma se habían acumulado y documentado mucho antes de su desaparición. En agosto de 2024, una adolescente se suicidó en una casa de acogida de Macas, en la Amazonía ecuatoriana. Después se registraron otros intentos de suicidio en el mismo lugar.
Las alertas continuaron. En 2025, dos adolescentes escaparon de la Casa Hogar Enrique Gallo, en Quito, para denunciar ante la Junta de Protección de Derechos los maltratos que sufrían ellos y otros 19 menores del centro. Los 21 le pidieron a Martínez que los defendiera, y así fue como ella conoció a fondo lo que está ocurriendo en el sistema de protección especial. “Hay un sistema que no está cumpliendo el fin para el que fue creado. Existen alertas documentadas, recomendaciones incumplidas y una deuda del Estado con los niños que sigue sin saldarse”, afirma.
Un sistema lleno de fallas
La denuncia presentada por los 21 adolescentes presionó a la Defensoría del Pueblo a inspeccionar la Casa Hogar Enrique Gallo. El informe confirmó buena parte de sus testimonios: no existía una valoración nutricional de la alimentación. Algunos menores denunciaron que eran castigados sin comida cuando llegaban tarde, que habían encontrado pelos en los alimentos y que solo disponían de tres mudas de ropa. También se documentaron restricciones para recibir visitas familiares y la ausencia de un plan permanente de atención en salud mental.
Las deficiencias alcanzaban la vida cotidiana. Los adolescentes hablaron de goteras, vidrios rotos, duchas sin agua caliente y espacios recreativos inutilizados. Aunque el centro contaba con una ludoteca, una sala de televisión y un laboratorio con veinte computadoras, la Defensoría verificó que la ludoteca era utilizada como bodega, que no podían acceder a la sala de televisión y que apenas se les permitía usar una computadora entre todos.
Después de denunciar, los adolescentes relataron a la Defensoría un operativo policial que se realizó de madrugada dentro del hogar. Aseguraron que los agentes ingresaron a las dos de la mañana, lanzaron gas lacrimógeno, los golpearon, los esposaron y dañaron sus pertenencias. Seis fueron trasladados a una unidad judicial y posteriormente liberados porque no existían méritos para procesarlos. La Defensoría recomendó investigar esos hechos y concluyó que pudieron vulnerarse garantías del debido proceso. Los adolescentes también señalaron que había ocurrido una agresión sexual dentro del hogar y que el supuesto agresor seguía viviendo allí.
Esos hechos impulsaron otra investigación de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, que encontró un sistema atravesado por múltiples fallas. Además de las denuncias de violencia física y sexual dentro de los hogares de acogida, se detectó una falta de controles y el caso de una niña que fue reintegrada con su familia y posteriormente asesinada. La comisión también advirtió la presencia de personas vinculadas a estructuras criminales dentro del sistema de acogimiento institucional.
El informe recibió el respaldo del pleno que, por unanimidad, solicitó al Ejecutivo que declarase la emergencia del sistema nacional de acogimiento institucional. La medida nunca fue adoptada.
Si bien el sistema ha presentado constantes deficiencias por falta de financiamiento, los testimonios incluidos en los informes revelan que los mayores problemas iniciaron en 2024, con el cambio de autoridades —que a su vez contratan a nuevos funcionarios— tras la llegada de Daniel Noboa al poder. “Es común que ante un cambio de gobierno deban pagar cuotas políticas con cargos, pero hacerlo en el sistema de protección especial es un grave error porque si algo debe garantizar especialidad y especificidad son estos cargos”, señala Martínez. “No están trabajando con cosas, son niños en extrema vulnerabilidad”.
Mientras las recomendaciones de la Defensoría siguen pendientes y las responsabilidades políticas continúan diluyéndose, Luis Eduardo permanece desaparecido. 17 días después de abandonar una casa donde el Estado debía protegerlo, nadie ha explicado cómo un niño bajo tutela pública pudo desvanecerse sin dejar rastro.
