El abogado del Estado lo informó durante una de las cinco vistas que celebra este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal para estudiar si paraliza de forma cautelar la medida extraordinaria, tal y como solicitó la Comunidad de Madrid, donde gobierna el conservador Partido Popular, y el partido de ultraderecha Vox, entre otros.
En una de estas sesiones, el abogado del Estado mostró estos datos para defender que la admisión a trámite de las solicitudes, que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional, no se hace de forma automática, como dijo la asociación recurrente.
Esta comunicación de admisión a trámite se produce, subrayó, después de un "chequeo" de los documentos aportados para acreditar que se cumplen requisitos esenciales.
Al igual que en las vistas anteriores a esta, referentes a la solicitud de medidas cautelares por parte de Hazte Oír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, el abogado del Estado cuestionó la legitimación de estas entidades para solicitar la suspensión cautelar del real decreto.
El Ejecutivo considera que la mera atribución de esta legitimación en base a los estatutos de estas entidades, por su defensa de los valores constitucionales o el ordenamiento jurídico, no es suficiente para demostrar un interés específico en este proceso.
