Así lo explica la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior español en un oficio interno, que establece "un mecanismo de transición" para aquellas personas que tienen concedida esta autorización hacia otros permisos contemplados en el reglamento de extranjería.
Este permiso por razones humanitarias es una vía que puso en marcha el Gobierno en 2018 ante el elevado número de solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado, y ha permitido regularizar la situación de 240.000 ciudadanos de ese país en España.
Según datos de Interior, el año pasado España concedió 57.334 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, en su mayoría a ciudadanos de Venezuela.
Sin embargo, con la entrada en vigor del paquete normativo europeo en materia de asilo, el Gobierno dejará de otorgar estos permisos porque "induce a confusión" que la autoridad responsable de conceder la protección internacional pueda dar autorizaciones de residencia por motivos distintos tras dictar una resolución desfavorable, explica el documento de Interior.
El pasado 1 de abril, cuando trascendió este cambio en la normativa, la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aclaró que los venezolanos podrán acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno una vez finalice esta vía y, después, a los mecanismos ordinarios previstos en el reglamento de extranjería.
Para garantizar esta transición, el Gobierno incluyó en el real decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes, que entró en vigor el pasado 16 de abril, una modificación del reglamento de extranjería.
Este cambio establece que, a partir de esa fecha, todas las personas que en la actualidad ostentan un título de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional "pueden instar a su modificación hacia otras autorizaciones de residencia y trabajo" en los términos reconocidos en la normativa de extranjería
