Luego del levantamiento de la prohibición de transar los bonos venezolanos en el mercado secundario, estos títulos subieron contundentemente, aunque todavía muy rezagados frente a los valores tradicionales de estos papeles.
El salto fue de 13 a 20 centavos de dólar en pocas jornadas, «lo que supuso para los inversores una ganancia inesperada de cientos de millones de dólares», dice el reporte.
«Algunos inversores esperan que los bonos venezolanos vuelvan a formar parte del índice de bonos de mercados emergentes de JPMorgan tan pronto como el mes próximo, lo que podría dar un nuevo impulso a los precios», según WSJ.
De acuerdo con las informaciones que maneja el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Nicolás Maduro habría podido realizar operaciones con bonos venezolanos de forma off shore, a través de «instituciones financieras nacionales o en el extranjero y los vendía cuando necesitaba efectivo».
Las intermediarias financieras en Wall Street mantenían posiciones en bonos de deuda venezolana por alrededor de 50.000 millones de dólares, de los cuales han vendido alrededor de 25.000 millones, por el elevado riesgo que fueron adquiriendo estos títulos.
Antes de que la administración del expresidente Donald Trump -favorito para regresar a la Casa Blanca, si lo dejan- apretara el torniquete con sanciones al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro «los inversores valoraban positivamente estos activos, porque ofrecían altos rendimientos y estaban respaldados por fuertes flujos de efectivo en divisas procedentes de la venta de petróleo», dice The Wall Street Journal.
«Las prohibiciones de comprar deuda (venezolana), que también se han impuesto a Rusia y Bielorrusia, se consideran ahora como una oportunidad para que los compradores extranjeros desconocidos obtengan beneficios e influyan potencialmente en las reestructuraciones de deuda, al tiempo que dificultan el seguimiento de las operaciones», dice el medio estadounidense.
Un grupo de acreedores del gobierno venezolano, entre ellos Fidelity Investments, T. Rowe Price y Greylock Capital, no salieron de sus posiciones en bonos venezolanos y cuestionaron la decisión de prohibir las operaciones en mercado secundario.
«Algunos ejecutivos de este grupo de inversionistas entregaron a funcionarios del Departamento de Estado registros de transacciones por miles de millones de dólares con bonos venezolanos comprados por inversores de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Chipre», dijeron fuentes enteradas a WSJ. «Todos esos países son conocidos conductos para el dinero ruso».
Fidelity y T. Rowe Price tenían cada una más de 1.000 millones de dólares en bonos venezolanos, mientras que Greylock mantenía posiciones por unos 1.500 millones, según fuentes.
La guerra fría en los mercados financieros
Básicamente, el argumento de los inversionistas para convencer a Washington de no sacar a los títulos venezolanos de la pizarra es más geopolítico que financiero.
La hipótesis es que Rusia podría hacerse con activos estratégicos de Venezuela a cambio de una condonación de deuda, por lo que mirar indiferentemente cómo Moscú venía acumulando papeles emitidos por Venezuela y PDVSA parecía un error.
«Los inversionistas entregaron registros de operaciones que mostraban cómo los mismos compradores, con sedes en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Chipre, que habían adquirido bonos venezolanos en 2022 y 2023, también habían sido compradores activos de los bonos de Rusia después de que Washington impusiera sanciones similares contra Moscú, tras invadir Ucrania en 2022», apunta WSJ.
El medio financiero advierte que, según sus fuentes, estos fondos enviaron un documento al Departamento de Estado en el que advirtieron sobre las crecientes posiciones en bonos que se estaban acumulando en Rusia.
Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que «nos tomamos en serio los intentos de actores externos como como Rusia de expandir su influencia en Venezuela y tomamos medidas según corresponda».
Aunque los inversionistas no tenían pruebas irrefutables que vincularan a Moscú con las operaciones, el Departamento de Estado de EEUU incluyó las preocupaciones de los tenedores de bonos en un cable clasificado enviado a principios de 2023.
Los analistas de la unidad veían la prohibición de negociar bonos como contraproducente.