Consejo de Armonización Tributaria monitoreará acciones de cada municipio
La normativa busca acabar con las disparidades municipales para el pago de ciertos tributos lo que incidirá en cada uno de manera diferente
Economía.- Ahora todos los municipios y estados del país tendrán que adecuar sus ordenanzas en virtud a la nueva Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias que, de lo contrario, explicó Figueira, de existir leyes contrarias, se considerarán nulas.
“Hay normas que los estados y municipios van a tener que manejar con el Ejecutivo nacional”, advierte la directora del proyecto Tributos a tu Alcance, Ysabel Figueira, en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.
Señaló que dicha normativa crea lo que se ha denominado como el Consejo Superior de Armonización Tributaria, el cual estará monitoreando las acciones que se realicen desde los estados y municipios para garantizar el cumplimiento de dicha ley.
El artículo agrega que si bien esta normativa busca acabar con las disparidades municipales para el pago de ciertos tributos, pudiera incidir en cada municipio de manera diferente. Figueira explicó que cada uno es distinto y por lo tanto, su realidad económica también es completamente diferente.
“La realidad económica de cada municipio va a variar. Es importante que cada concejo municipal pueda observar la realidad económica de su ciudadanía para establecer un porcentaje acorde. El máximo es el 2 %, el cual se puede aplicar en Caracas pero no en otro municipio”, agregó la consultada.
También destaca las rebajas, de al menos 30 por ciento, en el impuesto sobre actividades económicas industriales, comerciales, servicios y, de índole similar, a los contribuyentes que desarrollen actividades permanentes de saneamiento, mantenimiento o mejoras en espacios del municipio, entre otros casos.
Como se recordará, el 18 de julio pasado, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios y la remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para promulgar la constitucionalidad de su carácter orgánico.
