Gremios denuncian altos costos y retardo en trámites del SAREN
Los representantes del sector empresarial solicitan la revisión de esta ley para simplificarla y modernizarla
País.- Ante la compleja situación que enfrentan los distintos sectores de la economía en registros y notarías, un grupo de dirigentes gremiales denunció los altos costos y retardo para cualquier trámite luego de la modificación de la Ley de Registros y Notarías, que indexa a la criptomoneda gubernamental Petro todos los costos derivados de esta polémica norma.
Según el portal Banca y Negocios, los denunciantes lo integran la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, junto con los presidentes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta; de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri; y de la Cámara de Comercio y Servicios de Caracas, Leonardo Palacios.
La presidenta de Consecomercio señaló que las notarías, registros y todo aquello que requiera ser protocolizado está siendo afectado y esto se traduce en una “puerta abierta” a la informalidad y la corrupción.
“Las demoras que se generan en notarias y registros generan costos. Un trámite que debe ser realizado en un mes tarda hasta seis meses y se pierde el negocio (…) si no simplificamos tramites y no convertimos los impuestos en costos racionales y dejamos a un lado la voracidad a la que estamos siendo sometidos, tendremos más informalidad” alertó.
"Hemos observado trabas que tienen que ver con las notarías, registros y con toda actividad de formalización del comercio (…) todo aquello que requiera ser formalizado está recibiendo fuertes ataques que afectan a distintos sectores de la economía venezolana", indica Polesel.
Los dirigentes gremiales del sector privado sostienen que la actuación del servicio de registros y notarías viola los derechos humanos de las personas naturales y jurídicas, a las cuales los tratados internacionales en la materia les extienden su uso y disfrute.
Los empresarios recordaron que, además de las complejidades que se producían normalmente en registros y notarías, en agosto de 2022, el SAREN incorporó un «registro para extranjeros», donde los ciudadanos de otros países interesados en invertir en el país deben llenar un formulario, a través de su sitio web, que posteriormente, sería habilitado para la firma de cualquier documento en registros o notarías.
En consecuencia, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Orta, destacó que, ante las denuncias de trabas en los registros y notarías, la cámara realizó una encuesta para determinar el impacto de la nueva política del SAREN, sobre la implantación de un Registro para Extranjeros, a través de su página web, para realizar cualquier trámite.
El “60,7% de los extranjeros inscritos en el SAREN no han recibido respuestas a sus solicitudes, que incluyen tramites civiles, poderes de cualquier tipo, compraventa de inmuebles, ventas de vehículos. Son más de 300 trámites limitados por este organismo”, señaló.
El estudio determinó que a siete de cada 10 empresas se les ha solicitado el registro de extranjeros para tramitar documentos de compraventa, aunque otro tipo de documentos como arrendamientos y poderes también se han visto paralizados por dicha medida.
La encuesta realizada en una muestra de 700 profesionales inmobiliarios, además, indicó que más del 65% de ejecutivos del sector ha procesado negociaciones con participación de extranjeros, de los cuales 77% se tramita en registros regionales y el 72% se trata de operaciones de compraventa.
Orta recordó que la Ley de Registros y Notarías, modificada en 2021, estableció como máximo el 2% de arancel calculado sobre el precio de venta del inmueble, sin embrago, según los resultados de la encuesta hecha a más de 700 profesionales, ese porcentaje oscila entre el 5% y 40%, lo cual constituye un obstáculo y, en muchas oportunidades resulta en cantidades impagables.
Para el presidente la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri, la actual Ley de Registros y Notarías, es una segregación para aquellos que quieren invertir y dificulta la recuperación de los diferentes sectores en este momento.
Adicionalmente, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Caracas, Leonardo Palacios, agregó que “los retardos indebidos, los rechazos irracionales, la existencia de formalidades no previstas en el ordenamiento jurídico atenta contra los derechos fundamentales de propiedad y disposición de elementos patrimoniales”.
Ante esta situación, los representantes del sector empresarial solicitan el apoyo de las embajadas y consulados para atender este problema y abogan por la revisión de esta ley, por una más moderna y con menos recaudos.
