La demanda fue rechazada en primera instancia, explicó el consulto jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Alejandro Celorio en una conferencia de prensa, aunque la ley que otorga inmunidad a empresas armamentísticas contra litigios de responsabilidad civil no aplica si los daños fueron en México.

Este fue el argumento principal presentado por los abogados que representan al Gobierno mexicano en el proceso judicial ante el tribunal de apelación, que se demorará entre seis u ocho meses en emitir una resolución y dictaminar si continúa el proceso en una corte ordinaria o desecha definitivamente la demanda de México.

"El mejor escenario es que la corte de apelaciones decida que el juez de primera instancia erró en su análisis jurídico y le ordene que el litigio continúe, que vuelva a revisar los argumentos. El peor escenario, que le dé la razón al juez de primera instancia", expuso Celorio, quien estuvo presente en la audiencia.

La demanda interpuesta en Boston es contra una serie de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego, que están representadas por uno de los abogados del expresidente Donald Trump (2017-2021).

El Ejecutivo mexicano tiene en marcha otro proceso judicial en Tucson, Arizona, en este caso contra empresas vendedoras de armas y cuya primera audiencia para presentar argumentos legales está prevista que se celebre a finales de agosto.

"Lo que se busca con esta estrategia es señalar que todos los involucrados en la línea de distribución y venta que, actuando de manera irresponsable y con negligencia, son responsables igualmente por facilitar el trafico ilícito de armas a nuestro país", incidió el consultor jurídico.

Precisamente, la tarde de este lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá en Palacio Nacional con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood-Randall para abordar el tráfico de armas, además de la migración, el narcotráfico y la cooperación para el desarrollo.