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Son en realidad una serie de demandas las que han ocasionado que las autoridades creen el camino para que las empresas terminen ante los tribunales. Los demandantes piden, entre otras soluciones, una reparación por daños y perjuicios a sus hijos y el cese de las supuestas prácticas ilícitas de los demandados.

Más de 140 distritos escolares han presentado demandas similares contra la industria que también están ante González, y 42 estados más el Distrito de Columbia demandaron el mes pasado a Meta por adicción juvenil a sus plataformas de redes sociales.

En su fallo de 52 páginas, Rogers rechazó los argumentos de que las empresas eran inmunes para demandar en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y una disposición de la Ley federal de Decencia en las Comunicaciones.

Las empresas dijeron que esa disposición, la Sección 230, proporciona inmunidad de responsabilidad por cualquier cosa que los usuarios publiquen en sus plataformas y exige la desestimación de todos los reclamos.

Pero Rogers dijo que los reclamos de los demandantes eran más amplios que simplemente centrarse en contenido de terceros y dijo que los demandados no abordaron por qué no deberían ser responsables de proporcionar controles parentales defectuosos, no ayudar a los usuarios a limitar el tiempo de pantalla y crear barreras para desactivar cuentas.

Citó como ejemplo las acusaciones de que las empresas podrían haber utilizado herramientas de verificación de edad para advertir a los padres cuando sus hijos estaban en línea.