Durante la comparecencia, la máxima autoridad universitaria precisó que la operación fue ejecutada por la Fundación Universidad de Carabobo (FundaUC), ente que posee autonomía jurídica. Divo de Romero enfatizó el carácter normativo de la entidad al señalar:
“FundaUC no depende legal ni administrativamente de la UC. Posee patrimonio por medio de la autogestión y es competente para vender propiedades”.
Según la explicación institucional, la infraestructura había sido adquirida en 2021; sin embargo, presentaba un avanzado deterioro, filtraciones y daños por vandalismo. Ante el riesgo de pérdidas patrimoniales, la junta directiva procedió a la venta tras efectuar los avalúos correspondientes.
Asimismo, la representación rectoral indicó que los recursos obtenidos permitieron sanear las finanzas del organismo y adquirir tres nuevos inmuebles. Las autoridades informaron que la documentación del proceso permanece disponible para consulta pública y descartaron las acusaciones formuladas en redes sociales, reservándose las acciones legales pertinentes.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la institución, David Rutman, respaldó la opinión de Divo y la importancia de entender que la Fundación Universidad de Carabobo es una institución privada.
